Pedro Sánchez y la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, el pasado jueves en la Moncloa
Los interventores muestran su rechazo al acuerdo que cede la gestión integral del funcionariado a Cataluña
El Gobierno de Pedro Sánchez atribuye a disposición local el control total de los secretarios, tesoreros municipales e interventores
Junts y PSOE han alcanzado un acuerdo que retorna de forma definitiva el traspaso de la gestión integral de los Funcionarios de la Administración de Cataluña con Habilitación de Carácter Nacional a la Generalitat de Cataluña, en contra de las bases de regulación que menciona el artículo 149 de la Constitución Española. El Gobierno atribuye con este pacto a disposición local las facultades de creación, clasificación y supresión de puestos, delegando el control total de los secretarios, tesoreros municipales e interventores, que perdió la Generalitat en manos del Gobierno de Mariano Rajoy en el 2013.
Desde el partido catalán han reflejado que este acuerdo, que se pretende materializar mediante una disposición adicional en la Ley de Función Pública, es el «reconocimiento de la posición singular en materia institucional de la Generalitat». Sin embargo, su aprobación implica la ruptura del régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación nacional, reflejando un movimiento por parte del Gobierno manifiestamente inconstitucional.
El País Vasco también ha contemplado una iniciativa similar, tras el traspaso de las competencias de estos funcionarios a disposición local, tal y como incluyó el Gobierno a modo de enmienda en la Ley Orgánica de medidas de eficiencia de la justicia.
Diversas asociaciones mostraron su rechazo a dichos traspasos tiempo atrás, pero desde la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (APSITAL) han querido ratificar su oposición tras el acuerdo entre Junts y el PSOE. «Reiteramos que la mayor garantía de imparcialidad de los funcionarios encargados del control jurídico y económico en las entidades locales se logra con una selección centralizada, alejada de los poderes políticos territoriales y de su influencia», han manifestado tras recordar su aviso el 14 de enero de un «encubrimiento de una cesión competencial en claro fraude de ley».
El acuerdo también incluye medidas para garantizar los derechos lingüísticos de los catalanes, así como la gestión de la reserva de plazas específicas para catalanohablantes en la función pública. Asimismo, contempla medidas para hacer frete a la grave situación de los empleados públicos en abuso de temporalidad.
