Corredor se aferra al cargo y culpa a las eléctricas privadas del apagón

Casi dos meses después del apagón eléctrico que paralizó buena parte del país el pasado 28 de abril, la presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor, se niega a asumir responsabilidades y traslada el foco del incidente hacia las compañías eléctricas privadas. Pese a que el Gobierno apuntó directamente a la gestión del operador del sistema, Corredor ha defendido la actuación de su empresa y ha acusado a las eléctricas de incumplir sus obligaciones e incluso de ocultar información relevante.

En una rueda de prensa celebrada para presentar el informe técnico de Red Eléctrica, Corredor rechazó cualquier dimisión y culpó abiertamente a los agentes del sistema por no haber proporcionado datos completos ni transparentes. «Les puedo asegurar que no toda la información recibida de estas terceras partes ha tenido la calidad deseable ni ha sido tan completa como hubiera sido necesario», afirmó, en referencia directa a las eléctricas implicadas. A esto se suma la denuncia de que gran parte de los datos suministrados fueron declarados confidenciales, lo que ha impedido su inclusión en el informe público.

La estrategia defensiva de Red Eléctrica contrasta con las conclusiones del Gobierno, que en su propio informe responsabilizó parcialmente a la empresa por haber programado la generación más baja del año el día del apagón. Desde Redeia replican que la planificación fue suficiente «si todos los agentes hubieran cumplido sus obligaciones de control». Según Corredor, «si todas las plantas hubieran estado conectadas en el momento del incidente y se hubiesen respetado las normas de control de tensión, el apagón no se habría producido».

El relato técnico proporcionado por la compañía detalla una cadena de fallos que comenzó con una caída de tensión en la interconexión con Francia y culminó con la desconexión en cascada de plantas fotovoltaicas y subestaciones, como las de Badajoz y Granada, sin justificación aparente. Los mecanismos automáticos de defensa se activaron, pero no lograron contener la propagación del fallo debido –según REE– a la falta de cumplimiento en el control de tensión por parte de diversas instalaciones privadas.

Frente a las críticas gubernamentales por haber aplicado protocolos que supuestamente elevaron la tensión en la red, los responsables de Red Eléctrica aseguran que se mantuvieron dentro de los márgenes técnicos establecidos. Además, niegan de forma tajante cualquier responsabilidad económica derivada del incidente. «Hemos cumplido con la normativa en todo momento», declaró el consejero delegado de Redeia, Roberto García, zanjando la posibilidad de asumir indemnizaciones por los daños ocasionados.

En cuanto a su futuro al frente de la compañía, Corredor ha sido clara: no se irá por presión política. «Mi cargo depende del consejo de administración de Redeia, que es una empresa cotizada», declaró, dejando en el aire una pregunta con carga política: «¿Se va a trasladar esa exigencia también al resto de compañías implicadas?».

El informe presentado por Red Eléctrica, además de exculpar al operador del sistema, incluye quince recomendaciones para reforzar la seguridad de la red. Entre ellas, destaca la creación de un servicio obligatorio de control dinámico de tensión para toda la generación, una mayor supervisión a los agentes del sistema, y mecanismos para evitar desconexiones injustificadas o cambios bruscos en los flujos eléctricos. Una batería de medidas que llega tarde para evitar el apagón, pero que busca preservar la imagen de un operador que, según su presidenta, actuó de forma «impecable» mientras las eléctricas, insiste, ocultaban información crítica.