Tirón de orejas de Bruselas a España por incumplir tres directivas clave: «Es de una deslealtad inaceptable»

Tirón de orejas de Bruselas a España. La Comisión Europea ha iniciado este mes tres procedimientos de infracción por la incorrecta transposición de directivas europeas en ámbitos clave: el agua potable, los riesgos industriales y la transparencia laboral. Las cartas de emplazamiento, que abren un proceso formal de sanción, suponen el primer paso de una vía que puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y derivar en sanciones económicas millonarias si no se corrigen las deficiencias.

El primer expediente abierto afecta a la Directiva (UE) 2020/2184 sobre agua potable, que obliga a garantizar mayor calidad y control del agua del grifo en toda la Unión. La norma, que debía haberse aplicado en España antes de enero de 2023, busca reducir contaminantes como los microplásticos y los alteradores endocrinos, y mejorar la gestión de fugas, que suponen una pérdida media del 30 % del agua potable distribuida en la UE.

Sin embargo, según la Comisión, España ha fallado en varios asuntos: ha restringido el ámbito de aplicación de la norma, no ha previsto evaluaciones de riesgo adecuadas para el sistema de suministro y carece de una obligación de revisión periódica. Un incumplimiento que no solo afecta a la salud pública, sino que deja al país desalineado con la estrategia europea de contaminación cero.

Bruselas también ha detectado incumplimientos en la aplicación de la Directiva Seveso III (2012/18/UE), que regula los riesgos de accidentes graves con sustancias peligrosas en más de 12.000 instalaciones industriales en la UE.

España, según denuncia la Comisión, no ha adaptado correctamente las obligaciones de información, ni ha fijado plazos claros para elaborar planes de emergencia en nuevos establecimientos. Tampoco ha incorporado adecuadamente la obligación de limpiar y restaurar los lugares afectados tras un accidente grave. Este marco legal es esencial para prevenir desastres industriales y proteger tanto el medio ambiente como la seguridad de los trabajadores.

Por último, la Comisión ha decidido llevar a España ante el TJUE por no haber transpuesto plenamente la Directiva 2019/1152 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. La normativa establece que los trabajadores deben recibir información completa sobre aspectos esenciales de su contrato, como el tiempo de trabajo o la remuneración.

La Comisión inició este expediente en 2022, emitió un dictamen motivado en 2023 y, tras comprobar que las medidas notificadas por el Gobierno español en febrero de 2025 eran parciales e insuficientes, ha optado por elevar el caso al tribunal, solicitando además sanciones económicas. En otros casos similares, países miembros han sido condenados a multas de hasta 15 millones de euros.

«Deslealtad institucional»

«La primacía del derecho europeo no es discutible y la no trasposición o trasposición deficiente es una deslealtad institucional inaceptable», explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cursí, despacho especializado en derecho europeo. «Si no se está de acuerdo con una directiva hay que pelear su modificación, pero no ningunearla porque las instituciones europeas tienen mecanismos para forzar la aplicación y multar al incumplido», añade.

España tiene ahora dos meses para subsanar los incumplimientos en las normativas de agua potable y seguridad industrial. Si no lo hace, podría recibir un dictamen motivado, paso previo a nuevas sanciones. En el caso de la directiva laboral, el proceso judicial ya está en marcha. Pero más allá del tirón de orejas institucional, estas advertencias dejan por los sueños la imagen de nuestro país.