Europa pretende truncar la última cesión de Sánchez a Puigdemont en las Escuelas Europeas

el Gobierno de Sánchez, a través del Ministerio de Educación regido por Pilar Alegría, ha pedido que los alumnos de origen español puedan solicitar recibir clases de catalán como Otra Lengua Nacional (ONL) en las Escuelas Europeas, independientemente de la sección lingüística en la que estén matriculados.

Esta nueva cesión del presidente a los independentistas fue presentada hace semanas ante representantes de la Unión Europea, quienes, según fuentes de Hablamos Español, han trasladado su negativa a impulsar la medida presentada por el Ejecutivo español.

«Las pretensiones del Gobierno de España se han encontrado con la negativa del representante de la Comisión Europea, también con el voto en contra del representante de la Agencia Europea de la Propiedad Intelectual y las cuatro personas que representan a las familias han decidido que el voto que les corresponde sea contrario al cambio propuesto», han expuesto desde la asociación liderada por Gloria Lago.

Asimismo, se ha solicitado un estudio de impacto de la medida y un desglose de los costes, porque, a pesar de que el Gobierno de España se ha comprometido a pagar el salario del profesorado de catalán, existen otros gastos que afrontar y «no hay que olvidar que estas escuelas tienen carencias, tales como la imposibilidad de desdoblar algunos grupos o la falta de psicólogos, algo que, obviamente, las familias consideran prioritario», apunta esta entidad.

Por otro lado, el encaje legal de la propuesta está en entredicho, ya que aunque el Gobierno español «de forma tramposa», a juicio de Hablamos Español, ha querido agrandar su estatus, es una lengua regional, no nacional, como sí lo son las demás lenguas impartidas en estas escuelas. «La UE no vería con buenos ojos que se sentase un precedente que podría abrir la puerta a la inclusión de otras lenguas regionales según las apetencias de cada país», apostillan

Además, fuentes de la Comisión consultadas por ABC, sugieren que varios países miembros expresaron sus «reservas sobre el presupuesto, así como por el precedente que sienta». Específicamente, delegados de la Comisión Europea (CE), la Agencia de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), la Oficina Europea de Patentes (EPO) y representantes de naciones como Finlandia, Croacia e Irlanda expresaron claramente su desacuerdo.

Algunos países destacaron además que España no contribuye con la cuota correspondiente que los Estados miembros deben aportar para el sostenimiento de estas escuelas (conocida como ratio), aunque sí está dispuesta a asumir el coste económico derivado de la incorporación del catalán.

Por su parte, Finlandia manifestó su inquietud ante la posibilidad de que la inclusión del catalán como lengua optativa genere un precedente para otras lenguas no oficiales de la UE y preguntó qué otras lenguas regionales serían consideradas. Manuel Bordoy, secretario general adjunto de Escuelas Europeas, aclaró que, en el futuro, esta medida solo se aplicaría al catalán, el euskera y el gallego.

Ahora, el secretario general deberá elaborar un informe sobre la sesión para presentarlo en el Consejo de Gobierno del próximo mes, reflejando las posturas divergentes expuestas por varios países.