María Jamardo: «Es una autoamnistía a la carta para los políticos condenados por el procés catalán»

Como estaba previsto, «antes de este próximo verano» y de acuerdo con el plan comprometido por el presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, con el Gobierno y sus socios separatistas de investidura: la mayoría del Constitucional ha aprobado la primera sentencia sobre ley de amnistía, que fue diseñada a la medida de Carles Puigdemont, en un Pleno fracturado y con seis votos a favor. Tan sólo dos votos de diferencia frente a los cuatro pronunciamientos discrepantes emitidos por los magistrados discrepantes.

Con su decisión de avalar la amnistía, el Constitucional ha «abdicado de su responsabilidad de actuar como máximo garante de la Constitución», dando luz verde a una norma arbitraria, como lo fue su tramitación, que consagra la potestad ilimitada del legislador español para regular cualquier materia que se proponga, siempre que no esté expresamente prohibida, en contra de los principios esenciales de su propia doctrina.

Ni una palabra sobre que se trata de una autoamnistía a la carta para los políticos condenados e inhabilitados por el procés catalán, singular y arbitraria que nace de acuerdo político firmado para asegurar los votos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez. La amnistía es un pago del Gobierno a cambio de impunidad y no busca el interés general, ni un proceso de reconciliación institucional como se han apresurado a asegurar tanto desde las filas de Junts como el propio ministro de Justicia Félix Bolaños, asumiendo el relato de los separatistas.

Según los votos particulares discrepantes, la amnistía consagra el despotismo del Congreso, una mal entendida tiranía que sirve para romper los principios en los que se cimienta la democracia constitucional. El Parlamento se ha excedido en sus funciones porque la amnistía no puede incluirse en una potestad legislativa ordinaria y aún así, Sánchez y sus socios la aprobaron sin contar con las mayorías reforzadas necesarias para un cambio constitucional encubierto.

A partir de ahora, en lugar de quedar sometida la política al Derecho es el Derecho el que queda sometido a la política. Un ataque directo a la separación de poderes y a la independencia judicial. La paradoja aberrante de que haya sido el propio Tribunal Constitucional el que haya dinamitado el marco constitucional en España.