La UCO rastrea el destino de las 'mordidas' en el extranjero y en la posible financiación ilegal del PSOE

El 'caso PSOE' avanza inevitable en el Supremo bajo la instrucción del magistrado Leopoldo Puente. Desde que los agentes judiciales asignados a la investigación entregasen al juez el denominado 'informe Cerdán' –que toma su nombre del ex secretario de organización socialista, Santos Cerdán– la causa ha vivido un antes y un después en las investigaciones sobre la corrupción que salpica tanto al partido de Pedro Sánchez como al Gobierno que preside.

Así las cosas, según ha podido saber El Debate, al hilo de las 'mordidas' que varios de los imputados –Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre– cobraron «indiciariamente» por un valor mínimo de 5 millones de euros, de empresas de la trama, a cambio de asignarles contratos de obra pública 'a dedo', la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría abierto una doble línea de investigación para identificar el rastro del dinero.

Por una parte, se habría puesto el foco, en la más que posible financiación ilegal de los socialistas, cuyos dos últimos secretarios de organización se han visto apartados del cargo por su vinculación directa con las presuntas comisiones indebidas. En segundo término, además, quedaría abierta una derivada internacional de las maniobras opacas y, en concreto, hacia el destino que haya podido tener el dinero 'B' en manos de los diferentes empresarios ligados a la cúpula del PSOE.

En relación con este último aspecto, y según han confirmado a este diario varias fuentes, los investigadores se habrían dirigido hacia dos de las empresas presuntamente beneficiadas con los amaños de obra pública derivados de la red irregular de adjudicaciones: Obras Públicas y Regadíos, SA, de la que son propietarios los Fernández Menéndez, cuñados de Fernando Merino, el directivo de Acciona en Navarra, socio de Santos Cerdán y destinatario de una cuestionada licitación millonaria como fue la del túnel de Belate; y, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), del empresario José Ruz, uno de los imputados por la UCO como parte del entramado, que contaría con varias delegaciones en Panamá, Argelia y Armenia, donde los guardias civiles han puesto el acento.

Y, para ello, se rastrean tanto los encargos de infraestructuras que fueron asignadas a las mercantiles anteriores, resultado de la interacción con la cúpula de la trama socialista, como las que se distribuyeron a las mismas conformadas en Unión Temporal (UTE), dentro y fuera de España, que suele ser una de las modalidades habituales en las que se mueven los tentáculos del sistema diseñado fuera del radar oficial y de los cauces legales previstos para este tipo de encargos de gran calado.

De lo que resulte de las diferentes indagaciones en las que trabajan los efectivos policiales asignados al caso, resultará la confección y entrega de un nuevo informe al sumario del caso que, en lo relativo a la pata de las contrataciones, no está finalizado ni, por el momento, próximo a estarlo.

Un porcentaje «para el partido»

Llegados a este punto cabe recordar cómo hace unos días la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedía, por orden del magistrado Puente a la sede de los socialistas en Ferraz, para incautarse de los correos corporativos y de los personales de uso exclusivo del que fuera, hasta hace unos días, el ex secretario de organización, Santos Cerdán. Una actuación que abrió la puerta a que el partido, como persona jurídica, pudiese ser investigado por financiación irregular.

Aunque en un principio el auto del juez instructor autorizaba a los agentes a visitar, de manera simultánea y coordinada las instalaciones del Ministerio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras, en busca del clonado de los mails del predecesor de Santos Cerdán en el cargo de la formación de Pedro Sánchez, el ex ministro José Luis Ábalos, la realidad es que los indicios deslizados por la policía judicial ya sugerían la concurrencia de elementos suficientes para explorar esta línea de pesquisas acerca del destino de parte del dinero opaco a las necesidades del propio partido.

La implicación del PSOE como persona jurídica aparecía esbozada en los audios incautados a Koldo y que éste grabó, entre los años 2019 y 2023, a diferentes actores de la «organización criminal» concertada para obtener pagos indebidos por contratos públicos que, con posterioridad, se pudieron repartir en un porcentaje sus integrantes y de los que supuestamente pudo beneficiarse, en otro tanto, la formación socialista. El auto de ingreso en prisión de Santos Cerdán, el pasado lunes, ahondaba nuevamente en esta tesis.

El que hasta hace 19 días era un hombre de la plena confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también en Ferraz, resultaba ser «indiciariamente» la persona encargada «de realizar los cobros indebidos a las empresas favorecida» por las adjudicaciones de obra pública, previamente amañada.

Un «botín» que pudo ascender a más de 5 millones de euros, sólo de manera preliminar y parcial, en función del importe de cerca de 550 millones que implicaron sólo las licitaciones asignadas a Acciona, a través de distintos organismos dependientes del Ministerio de Transportes. Y que, más allá del titular de este último, José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García Izaguirre, pudo repartirse entre «más personas, físicas o jurídicas» entre las que está el propio PSOE que, así las cosas, se enfrenta en un futuro no inmediato a su imputación como tal.