Un proyecto urbanístico amenaza el dolmen de Montelirio y enfrenta a dos ayuntamientos sevillanos de PP y PSOE

Un proyecto urbanístico amenaza con destruir el dolmen de Montelirio, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del sur de Europa, ubicado entre Castilleja de Guzmán y Valencina de la Concepción, municipios de la provincia de Sevilla. Sus ayuntamientos afrontan la situación de modo opuesto, lo que ha desatado un conflicto que ha llegado hasta la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

Mientras el Ayuntamiento de Castilleja, regido por la alcaldesa socialista María del Mar Rodríguez, defiende que el proyecto, enfocado a la construcción de nuevas viviendas, «no se encuentra en terreno protegido», los colectivos conservacionistas y la comunidad científica avisan de que tales terrenos del plan parcial número cuatro son «parte indivisible del mega sitio calcolítico de Valencina-Guzmán». El Ayuntamiento de Valencina, gobernado por el popular Ramón Peña, se alinea con esta segunda opinión.

Los conservacionistas también sostienen que la construcción de nuevas viviendas en la zona «no solo es incompatible con la conservación, protección y difusión del excepcional patrimonio arqueológico conservado en dichas parcelas y con el mantenimiento de su integridad espacial, paisajística y visual con el resto de la Zona Arqueológica, de la que forma parte indivisible; sino que muy al contrario, supone la destrucción de importantes restos prehistóricos, tanto de los ya conocidos y documentados como de los aún no excavados, de los que pesan fundadas evidencias científicas».

El impacto de esta polémica ha trascendido a la esfera internacional, la misma en la que estos hallazgos arqueológicos han adquirido gran relevancia. Investigaciones recientes, centradas en la tumba de la Señora del Marfil y su excepcional ajuar, han confirmado el carácter cosmopolita del dolmen de Montelirio, a escasos seis kilómetros de Sevilla capital, y su singularidad como sociedad prehistórica posiblemente liderada por mujeres.

Pese a este valor histórico, el Ayuntamiento de Castilleja ha impulsado una modificación del planeamiento urbano para permitir la urbanización del plan parcial número 4, a instancias de la promotora Coliseum Real Estate. El proyecto contempla construir viviendas adosadas a escasos metros de una necrópolis documentada, en una zona que, aunque no goza de la máxima protección, es contigua a un bien de interés cultural (BIC).

Se da la circunstancia de que todo este entorno está protegido desde el año 2010 por una declaración de Zona Arqueológica aprobada por la Junta de Andalucía. La delimitación abarca 779,16 hectáreas entre Valencina y Castilleja de Guzmán y tiene como objetivo preservar un conjunto único en Europa, datado en la Edad del Cobre.

Estudio del caso

La Delegación Territorial de la Consejería de Cultura en Sevilla ha trasladado a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que prevé usar «todas las herramientas que permite la ley» para ejercer su tutela patrimonial ante la modificación de planeamiento urbano tramitada por el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán para urbanizar los suelos del plan parcial número 4 del municipio, junto al dolmen de Montelirio.

Así figura en la contestación oficial emitida el pasado 3 de junio por la Delegación Territorial, después de que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz requiriese a la Junta que aportase «cuanta información disponga» sobre el asunto, ante una queja al respecto de la asociación cultural Los Dólmenes.

En su respuesta, la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura explica que sus responsables son «conocedores de la existencia de un documento de avance en este sentido a través del trámite de consulta pública realizado por el propio Ayuntamiento». También precisa que en la Junta de Andalucía «no ha tenido entrada» aún de «solicitud alguna de informe relativo» a la operación urbanística planteada.

«Así, esta Administración se pronunciará cuando, una vez le sea solicitado informe conforme al artículo 29 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, se aporte por la parte competente la documentación completa y pertinente para ello», según indica la Delegación, que ya está trabajando en «recopilar toda la información disponible y antecedentes habidos para el estudio del caso», comprometiéndose a «tener en cuenta el manifiesto y escritos presentados por los grupos conservacionistas y la comunidad científica», para dar solución a este conflicto.