El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa
Política
Illa multiplica por cuatro la recaudación de las multas por no usar el catalán
El gobierno autonómico intensifica la presión sobre empresas y sanitarios pese a la reducción de denuncias ciudadanas
La estrategia punitiva de la Generalitat catalana ha experimentado un giro radical que se refleja en sus arcas. Según información de ABC, la recaudación por infracciones lingüísticas alcanzó casi medio millón de euros en 2023, una cifra que contrasta dramáticamente con los poco más de cien mil euros obtenidos el año precedente.
Este endurecimiento sancionador se produce en un contexto aparentemente contradictorio: mientras las instituciones catalanas multiplican las multas, los ciudadanos presentan menos quejas por motivos idiomáticos. La Agencia Catalana de Consumo gestionó el año pasado más de 1.200 reclamaciones frente a las casi 2.000 del ejercicio anterior, según datos facilitados por el consejero Francesc Xavier Vila a los diputados de Junts.
Hospitales y aulas, nuevos focos de vigilancia
La administración de Salvador Illa ha reorientado sus prioridades hacia sectores específicos donde considera necesario reforzar el uso del catalán. Los centros sanitarios registraron un incremento en las reclamaciones lingüísticas, pasando de 256 quejas en 2023 a 273 en 2024, consolidándose como uno de los ámbitos donde más presión ejercerá el nuevo ejecutivo.
El sector universitario presenta cifras aún más reveladoras de esta nueva estrategia. Las denuncias en este ámbito crecieron más de un 35%, saltando de 80 a 108 casos. ABC destaca que aproximadamente la mitad de estos conflictos surgen cuando los docentes imparten en español materias anunciadas en catalán en los planes de estudio.
La efectividad de estas presiones trasciende las sanciones formales: cuatro de cada diez profesores denunciados modifican su práctica docente para evitar consecuencias, evidenciando cómo el sistema genera autocensura sin necesidad de aplicar castigos económicos.
Una política que encuentra resistencias
El departamento de Política Lingüística, paradójicamente, redujo su actividad sancionadora de 411 a 334 expedientes, sugiriendo una redistribución de responsabilidades hacia otros ámbitos administrativos más especializados.
Esta intensificación se enmarca en el Pacto Nacional por la Lengua, una iniciativa gubernamental que busca limitar el uso del español en espacios públicos e institucionales. Varias organizaciones civiles han cuestionado este enfoque, calificándolo de coercitivo por utilizar la amenaza de sanción como herramienta de transformación social.
Vila, que ya formaba parte del anterior gobierno de Pere Aragonès, ha reconocido que aún no dispone del balance completo de 2024, aunque todo indica que la tendencia sancionadora se mantendrá, especialmente en comercio y sanidad, sectores donde el actual ejecutivo ha anunciado mayor vigilancia.
La estrategia catalana opera en terrenos donde el Tribunal Constitucional ha establecido que debe primar la libertad lingüística, particularmente en el ámbito empresarial privado, generando una tensión jurídica que se resuelve, de momento, a favor de la imposición del catalán a través del mecanismo sancionador.
