El gobierno de Illa defiende su «plan de choque» para ‘catalanizar’ a los inmigrantes a través de la lengua

El ejecutivo de Salvador Illa ha puesto en marcha una estrategia intensiva para integrar lingüísticamente a la población inmigrante a través del catalán. La administración autonómica justifica esta ofensiva por los cambios demográficos que está experimentando Cataluña y que han disparado la demanda de formación en la lengua cooficial.

Los datos presentados este martes en el Consell Executiu revelan la magnitud del fenómeno: las previsiones apuntan a que 2025 cerrará con más de ciento dieciséis mil inscripciones distribuidas en más de cinco mil trescientos cursos. Un crecimiento sostenido que ha llevado al gobierno catalán a lanzar lo que denomina un «plan de choque» para reforzar la enseñanza del catalán.

Refuerzo masivo de recursos y personal

La estrategia incluye la ampliación de la plantilla del Consorci per a la Normalització Lingüística para hacer frente a la creciente demanda. Paralelamente, se han establecido acuerdos con sindicatos y entidades sociales afines para multiplicar la oferta formativa y llegar a más población.

Una de las novedades es la creación de una línea específica de subvenciones dirigida a ayuntamientos y asociaciones de municipios pequeños. El objetivo es garantizar cursos de niveles básicos A1 y A2 en territorios donde hasta ahora la administración pública no tenía presencia.

Certificaciones sin límites para acelerar el proceso

El Departament de Política Lingüística ha destacado el aumento constante de personas que se presentan a las pruebas oficiales para acreditar su nivel de catalán. Este sistema, que no establece límite de plazas, permite certificar conocimientos independientemente del historial académico previo.

Una fórmula que facilita el acceso masivo a la certificación oficial y acelera el proceso de acreditación lingüística de la población recién llegada.

Integración lingüística con carga ideológica

La Generalitat concentra así sus esfuerzos en extender el uso del catalán por todo el territorio, en un contexto marcado por las tensiones identitarias y el debate sobre la cohesión social. El peso creciente de la inmigración se convierte en el argumento central para justificar una integración lingüística bajo criterios marcadamente ideológicos.

Lejos de apostar por un modelo que contemple el multilingüismo real, el ejecutivo catalán refuerza su estrategia monolingüe. Las medidas implementadas, aunque se presenten con justificaciones pedagógicas, revelan una fuerte carga política orientada a la 'catalanización' sistemática de los nuevos residentes.

El gobierno de Illa defiende esta aproximación como necesaria para garantizar la cohesión social, aunque sus críticos ven en ella una herramienta de ingeniería social que prioriza la imposición lingüística sobre la integración natural y voluntaria.