La Generalitat aporta a la juez un informe demostrando que informó de la crecida del Poyo a todos los municipios y al Gobierno

Este mismo viernes están citados a declarar ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa sobre la gestión de la dana, la que el día de la tragedia era consejera valenciana de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el que fuera su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Sobre su mesa, la magistrada tendrá abundante documentación del caso, entre la que, desde hace escasos días, también estará un informe requerido a la Generalitat con tal de saber cuáles fueron las comunicaciones que el pasado 29 de octubre la Administración regional hizo a los municipios ribereños del barranco del Poyo alertando sobre la situación en la zona.

Entre el argumentario que la izquierda está utilizando para cargar contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, está la idea de que aquella infausta jornada los vecinos no contaron con la información suficiente pese a las múltiples llamadas ciudadanas al 112 en las que se daba cuenta de los episodios que se estaban viviendo. Sin embargo, el referido escrito, que El Debate ha podido consultar, lo desmiente.

Así, al igual que los otros informes de los que este periódico viene informando desde hace días, éste está elaborado y firmado por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, cuyo puesto no depende de los vaivenes políticos, ya que también lo ocupaba con Ximo Puig y dado que es funcionario. A lo largo de sus más de 200 páginas de extensión, el máximo cargo técnico de la Consejería relata cómo fueron trasladadas las llamadas al 112.

Policía Nacional y Guardia Civil, informados

En uno de sus apartados, explica que a todas las incidencias que se realizaron a ayuntamientos se les dio traslado a los correspondientes cuerpos de policía local, mientras que con las referentes a las diputaciones se hizo lo propio mediante el Consorcio Provincial de Bomberos: «Es decir, se avisó a todos y cada uno de los municipios de los incidentes registrados por el 112 en sus términos municipales», subrayan fuentes con las que ha contactado El Debate.

Igualmente, Suárez añade que esas comunicaciones en lo correspondiente al Poyo y sus localidades adyacentes también se mandaron a otras agencias y contactos, con independencia de que estuvieran integrados o no en la plataforma de gestión de emergencias y comunicaciones que tiene la Generalitat.

En concreto, estos organismos son los siguientes: Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), policías locales, Cuerpo Nacional de Policía (CNP), Guardia Civil, Guardia Civil de Tráfico, Sala de Emergencias de la Generalitat y el Centro de Gestión de Servicios de Movilidad (CEGESEM). Esta enumeración tiene, si cabe, más importancia, ya que tanto el CNP como la Benemérita dependen de la Delegación del Gobierno en la Comunidad, es decir, del Ejecutivo central.

De hecho, una de las polémicas como consecuencia de la riada es por qué no se cerraron a tiempo autovías con gran afluencia de vehículos como la A-3 o la V-30 ni tampoco se cortó el tráfico ferroviario. Ni la delegada gubernamental en la región, Pilar Bernabé, ni los ministros Fernando Grande-Marlaska u Óscar Puente lo han explicado hasta el momento y ahora Suárez ha aportado una más que amplia relación de las comunicaciones efectuadas el 29 de octubre en las que también incluye las horas en que se produjeron.