Alicante, la provincia más castigada por Sánchez: la última en inversión y ahora sin agua

La provincia de Alicante atraviesa un momento crítico. A pesar de su peso demográfico, económico y estratégico en el sureste peninsular, los datos muestran que es la más perjudicada en el reparto de recursos por parte del Gobierno central. Las cifras de inversión, la falta de ejecución de infraestructuras clave y los recortes en el trasvase Tajo-Segura configuran un panorama que diversas instituciones y sectores consideran un agravio sostenido en decisiones ideológicas y no técnicas.

Los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados en 2023 dejaron a Alicante en el último puesto del país en inversión per cápita. Con apenas 161 millones asignados -lo que equivale a 85 euros por residente-, la provincia recibió menos recursos que cualquiera de las otras 51. Esta situación contrasta con otras zonas del país que, con menor población, captaron cantidades significativamente más elevadas. Soria, por ejemplo, recibió 1.104 euros por habitante; Murcia, 316; Málaga 132 euros.

Estas cifras cobran mayor relevancia si se considera que Alicante ya fue la provincia con menor asignación en las cuentas estatales de 2022. Con los presupuestos prorrogados desde el año siguiente y sin que el Ejecutivo haya presentado un nuevo proyecto, el reparto permanece congelado, prolongando un escenario que Alicante arrastra desde hace cuatro años.

El Gobierno ha alegado que la falta de mayoría parlamentaria impide avanzar en la elaboración de nuevos presupuestos. No obstante, esta posición ha sido cuestionada en el Congreso, donde una mayoría de 183 diputados -incluyendo al PP, Vox, ERC, Podemos, UPN y otros grupos- aprobó una moción que insta al Ejecutivo a cumplir con el mandato constitucional y presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025.

Infraestructuras que no llegan

Uno de los ejemplos más evidentes de este problema es la situación del Aeropuerto de Alicante-Elche. A pesar de ser uno de los más transitados del país, no cuenta con conexión ferroviaria, algo que sí tienen otros grandes aeródromos peninsulares. En 2021, se anunció oficialmente la voluntad de mejorar el acceso, pero el proyecto sigue en fase de redacción, con un plazo previsto de hasta cinco años. De mantenerse este calendario, no se iniciarían las obras hasta 2030.

Tampoco ha avanzado la reivindicada segunda pista de aterrizaje, pese a que en 2024 se han superado los 18 millones de pasajeros. El Gobierno considera que aún no es necesaria, en contra del criterio del sector turístico y varios informes de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Generalitat Valenciana.

La red de Cercanías tampoco escapa a la falta de modernización. Las líneas que enlazan con Murcia y otras ciudades del entorno siguen operando con trenes diésel, frecuencias reducidas y tramos de vía única. Las promesas de electrificación, duplicación de vías y aumento de frecuencias no se han concretado. Además, siguen pendientes la variante ferroviaria por Torrellano y nuevas paradas en el parque empresarial de Elche, tal y como ha denunciado esta misma semana su alcalde, Pablo Ruz.

El tijeretazo al agua

A la carencia de infraestructuras se suma un nuevo factor de presión: el recorte anunciado en el trasvase Tajo-Segura. La modificación de las reglas de explotación, que prevé reducir en un 50 % el agua destinada al regadío, ha sido recibida con rechazo por el conjunto del sureste peninsular. La medida, que responde en gran parte a la presión del Castilla-La Mancha, Emiliano García-Paje, eleva los umbrales mínimos en los embalses de cabecera y restringe el volumen disponible para su envío a Alicante, Murcia y Almería.

Esta decisión se adopta en un momento especialmente delicado. La cuenca del Segura, de la que depende buena parte del riego alicantino, se encuentra al 29,6 % de su capacidad, mientras que el Tajo supera el 85 % y la media nacional está por encima del 77 %. Pese a ello, el Gobierno ha optado por reducir los volúmenes transferibles en lugar de articular soluciones.

La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, organizaciones agrarias como ASAJA, SCRATS y diversas instituciones provinciales han alertado de las consecuencias de este cambio. La provincia, que reutiliza el 10 % del agua regenerada de toda Europa, ha impulsado un modelo agrícola intensivo que podría quedar gravemente afectado por la escasez hídrica.

Consecuencias económicas

La amenaza para el regadío implica una cadena de impacto que va mucho más allá del sector primario. Se verían comprometidos los empleos vinculados a la transformación, distribución y exportación de productos agrícolas, en un territorio donde la agricultura es una pieza esencial del tejido productivo. También hay preocupación por la pérdida de competitividad de un modelo que ha destacado por su eficiencia en el uso del agua.

Desde el Gobierno valenciano, su presidente, Carlos Mazón, ha anunciado que se presentarán alegaciones a la reforma del trasvase, y no se descartan medidas legales. El Congreso de los Diputados ha rechazado esta semana una propuesta legislativa presentada por el presidente murciano, Fernando López Miras, para blindar esta infraestructura ante el recorte de Pedro Sánchez. Sin embargo, por un estrecho margen de un voto la propuesta no ha prosperado, lo que ha aumentado la tensión política en la región. El jefe del Consell ha reprochado que representantes valencianos del PSOE y Compromís votaran en contra de la iniciativa que sí ha contado con el respaldo de Vox.

Inversiones hidráulicas paralizadas

Más allá del trasvase, también permanecen sin ejecutar numerosas obras hidráulicas clave. En la comarca de la Vega Baja aún no se han realizado intervenciones para mejorar la capacidad de desagüe del río Segura o de la Rambla de Abanilla, necesarias para prevenir daños en caso de lluvias torrenciales.

En la Marina Baja, los embalses de Guadalest y Amadorio requieren mejoras para aprovechar al máximo los periodos de abundancia hídrica. El verano pasado, la escasez de agua obligó a varios municipios a repartir botellas entre sus habitantes debido a la elevada salinidad del agua potable. A ello se suma la necesidad de reparar el embalse de San Diego, cerca de Villena, clave para garantizar el trasvase Júcar-Vinalopó, y modernizar varias depuradoras en distintos puntos del territorio.

Una brecha que se ensancha

La situación actual ha generado un consenso amplio en la provincia sobre la necesidad de revisar el trato recibido desde el Estado. Alicante aporta más de 3.000 millones de euros en impuestos a las arcas estatales, pero recibe menos inversión que ninguna otra provincia. A esto se suma la incertidumbre hídrica y la falta de ejecución de proyectos clave.

El retraso en los presupuestos, la inacción en infraestructuras estratégicas y las decisiones que limitan el acceso al agua consolidan una percepción de agravio entre instituciones, sectores económicos y sociedad civil. inversiones.