El Ayuntamiento de Peñíscola y el Colegio de Arquitectos, investigados por el derrumbe de un edificio en 2021

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Vinaròs que investiga la causa abierta por el derrumbe de un edificio de Peñíscola en el que murieron dos personas en 2021 ha dictado la declaración en calidad de investigados de los técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola y del Colegio de Arquitectos de Castellón, a los efectos de depurar posibles responsabilidades penales.

En su auto del 24 de abril, la jueza declara que «la declaración en calidad de investigados de los técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola que intervinieron en la concesión de la Licencia de Obras y de Primera Ocupación de la finca resulta una diligencia procesal adecuada, en la medida que resulta necesario determinar si existen indicios suficientes de responsabilidad penal, particularmente en relación con una eventual actuación negligente o contraria al deber de cuidado, o con el desconocimiento o desatención de advertencias relevantes sobre la seguridad estructural del edificio por parte de tales técnicos».

Por ello, acuerda «efectuar requerimiento al Ayuntamiento de Peñíscola para que aporte al presente procedimiento la Licencia de Primera Ocupación del edificio siniestrado, así como las actuaciones que se llevaron a cabo por parte de los técnicos del Ayuntamiento para la concesión de dicha licencia».

Asimismo, en el auto «se considera procedente la declaración en calidad de investigado de la persona que firmó el visado del proyecto arquitectónico del edificio» Por lo que, «a tal efecto, deberá recabarse la información correspondiente del Colegio de Arquitectos de Castellón».

Para la jueza, «esta diligencia resulta fundamental para determinar si efectivamente existió una negligencia grave en la omisión de la advertencia sobre la falta de documentación esencial en el proyecto, así como para esclarecer si el mismo cumplía o no con los requisitos básicos de seguridad estructural».

También «se deberá requerir al Colegio de Arquitectos de Castellón para que certifique si se verificó que, efectivamente, el proyecto contenía la documentación exigida por las normas de aplicación» añade en su escrito.

Este auto estima el recurso de reforma interpuesto por CP PATIOS FASE V contra la resolución dictada por dicho Juzgado el 8 de enero de 2025 (en la que se acordaba la práctica de determinadas diligencias), y por el que se pedía ampliar las diligencias penales preliminares acordadas con la inclusión del Ayuntamiento de Peñíscola y el Colegio de Arquitectos de Castellón como investigados.

Deficiencias en la estructura del bloque de viviendas

El pasado mes de octubre, la Audiencia Provincial de Castellón ordenó reabrir la investigación por el derrumbe de un edificio de 55 viviendas, producida el 25 de agosto de 2021, y que ocasionó la muerte de dos personas —una mujer de 54 años y un niño de 14— en la urbanización Font Nova en Peñíscola, al considerar prematuro el sobreseimiento provisional de la causa.

La Audiencia Provincial acordó que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs reabriera la investigación y practicase las diligencias solicitadas por las partes, “porque son útiles y pertinentes" para el esclarecimiento de los hechos.

Según el informe de la Conselleria de Vivienda, las causas del derrumbe fueron «una suma de deficiencias y errores en la estructura del bloque», y concluye que «no se respetaron los criterios establecidos en el proyecto de construcción de este edificio».

El informe señala que «el principal motivo es que la ejecución de la obra se alejó del proyecto de construcción». Los ladrillos que se usaron para sostener la estructura eran de peor calidad que los indicados en ese proyecto, los cimientos eran demasiado finos y la cámara sanitaria, que separa el suelo de las zonas habitables, estaba llena de humedades y rebajó hasta un 40% la capacidad de los muros de carga.