
Juicio del crimen de Elisa Abruñedo
El crimen de Elisa Abruñedo fue «con una violencia extrema y sin posibilidad de defensa para la víctima»
El Ministerio Fiscal solicita para el procesado una pena de 32 años de prisión por los delitos de agresión sexual y asesinato
Agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación del asesinato y violación de Elisa Abruñedo en Cabanas en 2013 han asegurado durante el juicio que se trata de un crimen con una «violencia bastante extrema», ejecutado por sorpresa y sin posibilidad de defensa para la víctima.
El juicio se celebra en la Audiencia Provincial de La Coruña, diez años después de los hechos y tras la detención del acusado, Roger Serafín Rodríguez, en octubre de 2023.
«El ataque fue sorpresivo, por la espalda, y sin seguimiento previo», señaló el comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quien añadió que las heridas «fueron para causar la muerte».
El informe forense determinó que la víctima presentaba lesiones en el cuello, corazón y pulmón producidas con un arma blanca, con la que el agresor actuó «a sabiendas de que la iba a matar».
Durante la inspección de la escena del crimen, en una zona de maleza cerrada, se encontraron pertenencias de la víctima y se reconstruyó el trayecto que siguió el agresor para cometer el ataque. Según los investigadores, Elisa fue sorprendida mientras caminaba escuchando música, lo que refuerza la hipótesis del ataque por la espalda.
Aunque el arma homicida no fue hallada, en el domicilio del procesado se localizó un cuchillo que él mismo reconoció como «similar» al utilizado. La reconstrucción de los hechos concluye que la víctima fue desnudada, agredida sexualmente y asesinada después de ser arrastrada a una zona oculta entre la vegetación, a unos 17 metros de la carretera DP-1503.
Detenido diez años después
El acusado, que trabajaba en el astillero de Navantia Ferrol, fue detenido una década después gracias al análisis genético y a una investigación centrada en testigos que vieron un coche similar al suyo en la zona del crimen.
La Guardia Civil recogió muestras de su vehículo antes de proceder a la detención. Según relataron los agentes, el procesado se mostró tranquilo pero sorprendido en el momento del arresto. Aunque confesó los hechos, aportó una versión distinta en la que alegaba conocer a la víctima y haber mantenido una discusión.
El Ministerio Fiscal solicita una pena de 32 años de prisión por los delitos de agresión sexual y asesinato, mientras que la acusación particular eleva la petición a 37 años.
La defensa reconoce la agresión sexual, pero sostiene que se trató de un homicidio, no de un asesinato. Desde su detención, el acusado permanece en prisión provisional.