Fuentes acusa de «mala fe» la CHG por ocultar el informe del abogado del Estado sobre La Colada

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha denunciado este martes lo que considera una «situación de inseguridad jurídica y deslealtad institucional» por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y del Gobierno de España en el conflicto por la conexión hidráulica entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera. Tras conocerse a través de ABC Córdoba que el informe de la Abogacía del Estado respalda la negativa de la CHG a autorizar la obra definitiva, Fuentes ha acusado a ambas administraciones de actuar con «mala fe» y de construir un «relato interesado» sin facilitar el contenido del documento jurídico a las partes afectadas.

El dirigente provincial lamenta que la Diputación y la Junta de Andalucía se hayan enterado por la prensa de una información clave para resolver un conflicto que arrastra más de dos años. «Nos dicen que el informe es favorable, pero no nos lo mandan. No sabemos si el abogado del Estado ha visto siquiera nuestras alegaciones. Así no podemos posicionarnos ni defender jurídicamente a la provincia de Córdoba», ha señalado.

Según Fuentes, su institución ha remitido un requerimiento formal a la Comisaría de Aguas de la CHG para que confirme si las alegaciones presentadas por la Diputación fueron trasladadas al abogado del Estado antes de la emisión del informe, algo que desconocen por completo. «Queremos saber si nuestras observaciones, realizadas por técnicos y juristas, fueron valoradas. Si no es así, estaríamos ante una indefensión jurídica de primera magnitud», ha advertido.

Fuentes ha insistido en que el problema podría haberse resuelto «en seis meses, como marca la ley», pero lleva encallado desde 2022. En su intervención, ha criticado duramente la gestión del Gobierno central: «Nos están tratando mal como provincia. Se está jugando con el acceso al agua en el norte de Córdoba y eso no se puede permitir. No se puede resolver todo a golpe de relato filtrado».

La obra de conexión entre los embalses, valorada en más de nueve millones de euros y adjudicada a la empresa Jícar, continúa bloqueada por la negativa del órgano de cuenca a autorizar su ejecución definitiva y a permitir el incremento del caudal de bombeo. La CHG sí concedió la concesión del agua y la autorización inicial, pero no el permiso para finalizar el proyecto. Junta y Diputación alegaron que el órgano estatal se extralimitó en sus competencias al basar parte de su rechazo en el coste económico, pero la Confederación desestimó estas alegaciones y solicitó el respaldo de la Abogacía del Estado, que, según revelaba ABC Córdoba, ha avalado plenamente su postura.

La Diputación exige ahora acceder al contenido del informe para poder actuar.