El próximo miércoles 25 de junio el campo cordobés alzará la voz en una protesta que trasciende lo sectorial para convertirse en un clamor colectivo por el futuro del medio rural. Bajo el lema «Por la supervivencia del campo», organizaciones agrarias, cooperativas y productores saldrán a la calle empujados por una asfixia prolongada que amenaza con desmantelar uno de los pilares estratégicos de nuestra economía, nuestra cultura y nuestra seguridad alimentaria.
El diagnóstico que trasladan Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias es demoledor: una Política Agraria Común (PAC) que exige más con menos; una ley de la cadena alimentaria ineficaz; importaciones sin reciprocidad; costes disparados; trabas burocráticas; una alarmante escasez de mano de obra; y un déficit histórico de infraestructuras hidráulicas que penaliza de forma flagrante a Córdoba. La protesta del 25-J no es un gesto simbólico ni una más de este sector: es la consecuencia lógica de un abandono político e institucional que deja a miles de agricultores y ganaderos atrapados entre normativas inasumibles y mercados desiguales.
Resulta especialmente revelador que una de las principales reivindicaciones sea la defensa de una PAC bien financiada y específica, frente a las tentaciones de diluirla en fondos europeos genéricos que ignorarían las singularidades del sector primario. Como denuncian las organizaciones convocantes, «sin presupuesto, no hay PAC; sin PAC, no hay agricultores; sin agricultores, no hay seguridad». Esta declaración de sentido común debería bastar para que las instituciones y los políticos comprendieran la magnitud del problema y el riesgo de fractura territorial que implica dejar caer el mundo rural.
A ello se suma una exigencia de justicia hídrica. Córdoba, provincia que más agua embalsa del Guadalquivir y que, paradójicamente, menos riega, sufre desde hace décadas un agravio comparativo inadmisible. No se reclama quitar agua a nadie, sino ejecutar un reparto racional, planificado y equitativo. Sin regadíos no hay producción, y sin producción, los pueblos se vacían.
El manifiesto firmado por las asociaciones convocantes también denuncia una deriva tecnocrática que amenaza con ahogar al sector entre trámites, plataformas digitales obligatorias y exigencias administrativas que poco tienen que ver con cultivar la tierra. El campo necesita apoyo, no obstáculos. Necesita simplificación normativa, incentivos laborales adaptados a la temporalidad agrícola, y una política comercial europea con cláusulas que impidan competir en desigualdad frente a terceros países.
La protesta del 25 de junio no es solo una reclamación sectorial: es una llamada de socorro desde el corazón productivo de nuestra tierra. Si el campo cae, cae mucho más que una economía: lo hace una forma de vida, una cultura, una garantía de alimentos seguros y accesibles. El sector agroganadero no puede permitirse ese derrumbe. Y Europa tampoco debería.
