Los cinco referéndums que se votarán en Italia y que ponen a prueba al Gobierno de Meloni

En una época de profunda inestabilidad en Europa, con países abocados a elecciones perpetuas, cancilleres humillados en su investidura o gobiernos que sobreviven sin presupuestos, es Italia, normalmente adalid de la inestabilidad, quien parece poner un poco de tranquilidad y cordura en el panorama del Viejo Continente. Pero la calma no es para siempre, y la dirigente italiana, Giorgia Meloni, se enfrenta los próximos días 8 y 9 de junio a cinco referéndums que pondrán a prueba la credibilidad de su Gobierno.

Durante ese fin de semana, los italianos acudirán a las urnas no para elegir representantes, sino para pronunciarse sobre cinco referéndums derogatorios que buscan anular total o parcialmente leyes ya en vigor. Cuatro de estas consultas están centradas en cuestiones laborales: desde los despidos improcedentes hasta la responsabilidad de las empresas en caso de accidentes de trabajo. El quinto referéndum, el más simbólico y probablemente el más controvertido, apunta al corazón de la identidad nacional y propone reducir de diez a cinco años el tiempo mínimo de residencia legal requerido para que un extranjero no comunitario pueda solicitar la ciudadanía italiana.

La coincidencia del referéndum con la segunda vuelta de las elecciones municipales en varias ciudades añade tensión política al calendario. A nivel nacional, la votación se ha convertido también en un plebiscito indirecto sobre la gestión del Ejecutivo de Meloni. A pesar de que el Gobierno fijó oficialmente la fecha de la consulta, el propio partido de la primera ministra, Hermanos de Italia, se ha manifestado en contra de al menos una de las propuestas más sensibles: la relativa a la ciudadanía. Un escenario algo esquizofrénico, donde se acepta a regañadientes una consulta impulsada por partidos opositores como Más Europa y el Partido Radical, que lograron más de medio millón de firmas para llevar el tema a votación.

En un país donde el referéndum es una herramienta habitual —con 78 celebrados desde la instauración de la República en 1946—, el verdadero desafío de este tipo de consulta no suele ser el resultado, sino la participación. Para que el resultado sea válido, es necesario alcanzar un quórum de al menos el 50 % más uno de los votantes inscritos. Una cifra que históricamente no siempre se logra: en los últimos treinta años, sólo dos referéndums derogatorios alcanzaron el umbral requerido. Un dato relevante si se considera que, según una reciente encuesta, un 32 % de los italianos aún no sabe que está convocado a las urnas y un 6 % cree directamente que no habrá ningún referéndum.

El contenido de las cinco papeletas —identificables por colores— puede parecer técnico, pero tiene un trasfondo ideológico profundo. El llamado Jobs Act, aprobado en 2015 durante el Gobierno de Matteo Renzi, introdujo una nueva forma de contrato laboral con «protecciones crecientes» que facilitaba el despido sin reintegro del trabajador. El referéndum busca revertir esa normativa para quienes hayan sido contratados después del 7 de marzo de ese año. Si gana el «sí», se abriría la puerta a una mayor protección de los trabajadores frente a despidos arbitrarios.

También se pretende mejorar las condiciones de quienes trabajan en pequeñas empresas —donde la legislación actual ofrece menos cobertura—, limitar los contratos temporales que fomentan la precariedad y restaurar la responsabilidad solidaria de las empresas principales cuando ocurren accidentes laborales en compañías subcontratadas.

Pero la pregunta sobre la ciudadanía destaca del resto no solo por su contenido, sino por su carga simbólica. No solo se trata de una medida que afectaría potencialmente a más de dos millones de personas, sino que plantea una visión más inclusiva del país. Italia, que hasta ahora ha mantenido una de las políticas más restrictivas en Europa occidental en cuanto a naturalización, podría dar un giro notable. Y lo haría a contrapelo de un Gobierno que se ha posicionado con firmeza en defensa de una identidad nacional conservadora, ligada al principio del ius sanguinis, por el cual la ciudadanía se transmite por sangre, no por nacimiento ni residencia.

Ese mismo principio, por cierto, también podría sufrir modificaciones. Existen propuestas para limitar la transmisión de la ciudadanía italiana solo a las primeras generaciones de descendientes en el extranjero, algo que podría afectar directamente a comunidades de origen italiano en Hispanoamérica y Estados Unidos. Se habla incluso de exigir conocimientos de idioma y vínculos culturales como condiciones para acceder a lo que, hasta ahora, era considerado un derecho automático para los descendientes de italianos.

La batalla política no se libra solo en las urnas. Días atrás, el diputado Riccardo Magi, líder de Más Europa, fue expulsado del Parlamento tras disfrazarse de fantasma durante una sesión plenaria para denunciar lo que considera un intento del Gobierno de silenciar los referéndums. «Podrán alejar el fantasma del referéndum de la Cámara, pero no nos impedirán intentar informar a los italianos», escribió en redes sociales tras el incidente.

Los próximos días serán cruciales para ver si Italia, este país tantas veces caótico y contradictorio, da una lección de madurez democrática o si, por el contrario, el fantasma de la apatía volverá a sobrevolar las urnas.