Bomba de relojería para Óscar López: 800.000 interinos pueden irse a la calle sin nada

Problemas para Óscar López. La tensión crece entre los 800.000 interinos que hay en España, que ven cómo muchos de ellos se están yendo a la calle sin indemnización y sin que conviertan en fijo su puesto de trabajo aunque lleven desempeñándolo muchos más de los tres años seguidos que indica la ley como requisito. Hay sentencias europeas que les reconocen esos derechos.

La cuestión afecta mayoritariamente a interinos que tienen entre 50 y 60 años, y a mujeres, algo chocante teniendo en cuenta que en España hay un gobierno socialista que suele decir que defiende a estos colectivos. Los interinos se están movilizando y planean una gran manifestación en torno al 10 de junio. Ya han presentado más de 60.000 demandas en toda España. Sus puestos dependen del Ministerio que dirige Óscar López: Transición Digital y Función Pública.

El problema arrancó en la Ley 20/2021 que lanzó el actual Gobierno y que se publicó en el BOE en junio de 2021. En ella se decía que quien tuviera contrato desde el 1 de enero de 2016 y llevara más de tres años trabajando en ese puesto debía ser hecho fijo, «siempre y cuando no se hubieran convocado oposiciones». Enviaron la ley a todas las comunidades autónomas, y en el impasse de seis meses entre que se anunció la ley y se aprobó, las comunidades autónomas convocaron todas las oposiciones que no habían convocado en veinte años.

Las comunidades han aprovechado estas oposiciones para rejuvenecer su plantilla sin indemnizar a los interinos que llevaban hasta veinte años o más en sus puestos, y según ellos sin una oposición justa.

Mucho drama y poco apoyo

En El Debate hemos hablado con tres interinos que forman parte de la Plataforma de afectados por la función pública en Madrid. Una de ellos ha trabajado durante veintiún años en un centro de apoyo a la maternidad de Madrid que atiende a niñas adolescentes embarazadas o con niños pequeños y en situación de riesgo. Los otros dos han sido empleados durante veinticinco años en dos centros de atención de menores infractores de entre 14 y 15 años de la Comunidad de Madrid. Los tres han sido despedidos sin indemnización.

Dos de ellos llevan cinco años defendiendo de manera activa a los interinos de la mano especialmente de los abogados Javier Araúz y Gerardo Pérez Sánchez. Se han reunido con políticos, juristas y con quien les haya escuchado. «Por ejemplo, Juan Lobato, que es abogado, nos dijo que veía clarísimo lo que le contábamos, pero luego nadie hace nada por nosotros: ni los políticos de ningún partido ni los sindicatos», afirma uno de ellos.

Lo que más les frustra es que Europa ya ha legislado en varias sentencias a favor de su causa y en España se legisla en contra. Los tribunales de primera instancia en nuestro país les dan la razón en cuanto a la indemnización o la necesidad de que conviertan en fijo su puesto, pero en segunda instancia o en el Supremo se rechaza su demanda.

Según sus datos ya son entre 80.000 y 100.000 los interinos que habrían sido despedidos en España y se han ido sin indemnización. La cifra irá aumentando según vayan surgiendo las oposiciones, pues hay 800.000 interinos en nuestro país. Por ejemplo, aún no han salido las de auxiliar administrativo, que serán en junio-julio y son nada menos que 2.000-3.000 plazas.

Se podría pensar que esta reorganización del personal se hace para ahorrar, pero no está claro que vaya a ser así. Los interinos manejan algún informe que fija en unos 10.000 millones de euros el montante total de indemnizaciones que tendrían que darles si los tribunales fallan a su favor. «Los abogados nos dicen que habiendo cotizado 18,5 años tendríamos derecho a la indemnización máxima: 75.000 euros. Según el Estatuto de los Trabajadores, si el Estado no las abona motu proprio, la cantidad iría aumentando un 10 % por cada mes que pasara. Pasados dos años, las indemnizaciones podrían ascender a 100.000 euros», señala uno de los interinos.

Lo lógico sería que no hubiera que abonar estas cantidades: los interinos quieren seguir trabajando y el Estado debería querer no pagarlas. Pero de momento la situación está en el plano contrario: Europa ha dictado sentencias diciendo que hay que hacer fijos a los interinos que lleven tres años trabajando en el mismo puesto o indemnizarles si se les despide y los tribunales españoles no le hacen caso. Los interinos que recurran, en principio, deben llevarse la razón, pero habrá que ver en cuánto tiempo y después de emplear cuánto dinero.

La solución podría llegar si actúa Europa o si se aprueban enmiendas favorables a los interinos en la ley que se está tramitando estos días. Los interinos no tienen ninguna esperanza en que ocurra lo segundo. A uno de ellos le parece increíble que «un Gobierno socialista permita que se abuse de personas mayores de cincuenta años, cercanas a la jubilación y que en su mayoría son mujeres». A la interina que habla con nosotros solo le faltarían tres años para jubilarse.

A los problemas personales que está acarreando esta situación a los interinos y sus familias, se unen los que están sufriendo los propios centros de menores. «Las adolescentes embarazadas o madres de niños pequeños del centro donde estaba me dicen que ahora abren la puerta de la responsable y no les habla. Necesitan una persona de referencia y la han perdido. Los directores de los centros piensan que seguro que en poco tiempo los nuevos aprenden cómo hacerlo, pero en estos trabajos se necesita experiencia. Las consecuencias las sufren los vulnerables», apunta la interina con la que hablamos.

Uno de los interinos incide en que la labor en centros de menores conflictivos como el que él estaba requiere especialización y experiencia, no recién licenciados: «Hay broncas que no son sencillas de manejar, y los nuevos no se están haciendo con los chavales. Está habiendo mayores incidencias (bajas) entre los nuevos de las que habíamos tenido nosotros en veintitrés años».

En lugar de facilitar que con estas labores continúe personal con experiencia que sabe hacerlo, se convocan unas oposiciones con temarios desconocidos o que abarcan áreas en las que no trabajaban estos interinos y desconocen. En medio de ello, uno de los interinos critica que «los sindicatos se están forrando cobrando 120 euros al mes por dar cursos y vender temarios». Para más INRI, comenta que ya hay denuncias penales contra directores de centros y sindicatos porque se están pasando las preguntas y respuestas de las oposiciones: «No solo pasó en TVE. Es en todo tipo de casos. Es vergonzoso». La cuestión no parece ir por buen camino, y habrá que ver cómo afecta a Óscar López y a los demás políticos, y sobre todo cómo se resuelve.