La ministra de Transición Ecológica desmiente a su delegada del Gobierno: fue avisada 267 veces de la gravedad de la dana «en tiempo real»

267 avisos en tres días. Ésa es la cifra exacta que recibió entre el 28 y el 31 de octubre la delegada del Gobierno, junto a las autoridades valencianas, advirtiendo de lo que se venía encima: la mayor «catástrofe climática» de la historia de España, según la denominación utilizada por el propio Pedro Sánchez.

Pese a eso, nadie hizo nada a tiempo porque, según señaló Pilar Bernabé tras declarar ante la juez de Catarroja que instruye el caso, ella se enteró del desbordamiento que provocó la tragedia por la alcaldesa de Paiporta, a las 19:05, cuando ya era tarde. Todo por la «calamitosa» actuación de la Generalitat presidida por Carlos Mazón, único señalado en un drama con muchos responsables que ahora escapan como pueden de la escena.

Ese testimonio de Bernabé, a quien la jueza ha mantenido como testigo exclusivamente, es incierto, tal y como demuestran los documentos oficiales obtenidos por El Debate.

En ellos se desvela ahora que fue el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido entonces por la también Vicepresidenta Tercera del Gobierno, Teresa Ribera, quien le informó puntualmente y con antelación a las riadas de la evolución de los acontecimientos.

En concreto, el Ministerio cifra el número de avisos emitidos desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en un total de 267 entre los días 28 y 31 de octubre, relacionados con la terrible tragedia que ha costado la vida a 227 ciudadanos. La ministra es clara: «Los referidos avisos se remitieron a la Generalitat Valenciana, a través del 112», para a continuación añadir que también «a la Delegación del Gobierno y a la Subdelegación provincial correspondiente».

Este documento lleva la firma de Laura Martín Murillo, directora de Gabinete de la actual ministra Sara Aagesen, sustituta de la ahora Vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y cambia el relato oficial de los hechos: todos tuvieron información suficiente de lo que podía pasar, con tiempo de reacción, y nadie hizo nada para al menos prevenir los daños humanos.

Porque los avisos en cuestión llegaron a todas las autoridades y ninguna hizo nada en términos preventivos: la Generalitat se quedó paralizada, sin duda, pero el Gobierno de España no activó la Ley de Seguridad Nacional, que le obliga a tomar las riendas antes, durante y después de circunstancias como la vivida en la Comunidad Valenciana, con efectos en otras cuatro regiones (Castilla-La Mancha, Andalucía y en menor medida Cataluña y Murcia), y su delegada tampoco se ocupó de darle a las alertas que ella misma recibió la dimensión que tenían.

Bernabé, en resumen, sí fue advertida, en contra de lo que declaró, y además no propuso que se declarara la emergencia nacional, según dispone la Ley de Protección Civil.

De algún modo, puede decirse que todos desaparecieron en los días más inoportunos, con Pedro Sánchez en la India y el Congreso centrado en aprobar un decreto para controlar RTVE en lugar de otro para tomar el mando y actuar como ensayó en un simulacro de riadas en los Pirineos, con el ministro Marlaska al frente.

Los avisos del presidente de la Confederación

Las evidencias de que nadie se tomó en serio la magnitud de la dana queda agravada por otro de los protagonistas de la historia, el presidente de la Confederación, Miguel Polo Cebellán.

En más documentos oficiales obtenidos por El Debate, Polo reconoce también haber informado a la Delegación del Gobierno y al propio Ministerio del Interior, amén de a las autoridades valencianas, en lo referente a su responsabilidad, los «datos hidrológicos objetivos».

En esos informes, remitidos a Protección Civil, se adjunta un listado de lluvias y caudales enviados por su organismo a las distintas administraciones, tal y consta en sendos documentos del 29 de noviembre de 2024 y del pasado 10 de marzo firmados por él como presidente.

En el primero de ellos aparece, entre otras, la Delegación de Gobierno de Valencia, además de la propia Generalitat o el Centro Nacional de Emergencias de Protección Civil, dependiente de Marlaska.

En cuanto a las obras relacionadas con la Rambla del Poyo, zona cero de la tragedia, niega que las mismas hayan sido descartadas, remitiéndose a los llamados Planes de Gestión, que a la vista de la desgracia ocurrida han resultado del todo ineficaces.

Sin embargo, lo que no han aclarado ni el Ministerio ni el propio presidente de la CHJ es por qué habiéndose emitido tales avisos, ni Pilar Bernabé ni el propio presidente de la CHJ, presente este último telemáticamente en la primera Convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), manifestaron la gravedad de unos «datos de medición de pluviometría, caudales circulantes y el nivel y volumen embalsado en las presas registrados» en los puntos del SAIH, el Sistema Automático de Información Hidrológica de la CHJ ofrecido a todas las autoridades, estatales y autonómicas, según certifica el documento al que ha accedido este diario.

La ministra sí admite que ninguna autoridad —incluida Teresa Ribera, la ministra titular del ministerio al momento de la tragedia— se planteó siquiera instar la declaración de emergencia de interés nacional conforme, al artículo 29 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, como ya reconociera el propio Marlaska y ha informado este periódico.

Según el citado artículo 29 de la Ley de Protección Civil, son emergencias de interés nacional aquellas que por sus «dimensiones efectivas o previsibles requieran de una dirección nacional». Y esta competencia le pertenece solo a Marlaska (artículo 34), debiendo asumir la dirección estatal, autonómica y local (artículo 29).

La nueva ministra defiende la gestión de Teresa Ribera

La jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana ha rechazado investigar la responsabilidad del gobierno central porque «queda extramuros completamente del procedimiento penal» en curso y «carece de nexo causal alguno con los fallecimientos y lesiones», además de aducir su falta de competencia para saber si, por ejemplo, tal y como este periódico ha venido informando, el presidente Sánchez puso en marcha los mecanismos previstos en la Ley de Seguridad Nacional que él mismo incorporó mediante decreto presidencial a la Estrategia de Seguridad Nacional que aprobó en 2021 para escenarios como el de la dana.

El presidente se niega a cumplir el mandato de las tres resoluciones legales que le obligan a rendir cuentas a este respecto. Según las fuentes jurídicas consultadas, Moncloa ya ha sido requerida para que cumpla lo ordenado, si persiste en su desobediencia una vez vencido el plazo del artículo 29 de la Ley aplicable, Sánchez y su Gobierno serán demandados en los tribunales para que sean estos lo que ordenen la ejecución forzosa de las resoluciones condenatorias.

Laura Martín, directora de gabinete de la actual ministra, Sara Aagesen, ha detallado qué hizo la predecesora de su jefa mientras estaba en Bruselas preparando su ascenso a vicepresidenta de la Comisión Europea y Valencia era arrasada por las lluvias, pero se niega a hacer públicas las conversaciones mantenidas por Ribera con los distintos gobiernos regionales afectados, al considerar que tales conversaciones deben permanecer en secreto.

La directora de gabinete sí ampara a Ribera al señalar que «la noche del 29 de octubre se constituyó el Comité de Crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA por parte del Gobierno de España, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estuvo conectada de forma telemática al mismo».

Es decir, cuando el desastre ya había segado cientos de vidas. Ribera asistió presencialmente el 30 de octubre. Este periódico se encuentra a la espera de recibir las actas del mencionado Comité de Crisis del Gobierno, no recibidas a cierre de edición.

Según fuentes jurídicas consultadas, este es un detalle importante a efectos determinar las responsabilidades de los intervinientes. «La gestión de esta crisis ha sido una chapuza. No solo durante la tragedia, en un momento en el que nadie quería tomar el mando operativo y morían cientos de personas», comentan los juristas personados en los tres procedimientos instados por El Debate que obligan a Moncloa a «explicar de una vez por qué no activó los mecanismos de la LSN antes de que esta tragedia se cobrara tantas vidas; esa labor preventiva que la ley recoge e impone de manera exclusiva sobre el presidente del Gobierno claro que tiene una relación causal con lo ocurrido. Otra cosa es que la jueza no tenga competencia para investigarlo, que es algo muy distinto. En nuestra opinión, el Gobierno ha incurrido en una grave omisión de sus deberes legales y constitucionales», concluyen.

Lacomparecencia de Teresa Ribera en el Congreso

En su comparecencia parlamentaria el pasado 29 de noviembre, la ahora vicepresidenta de la Comisión Europea y por entonces Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras referir que en el nuevo escenario climático «episodios de esta envergadura» tendrán mayor frecuencia, el riesgo para la población «dependerá de nuestra capacidad de prevención, de preparación y de gestión de emergencia “en aquellos supuestos en los que lamentablemente esta llegue a producirse», insistió en la «dimensión del fenómeno meteorológico vivido».

Y acusó a quienes niegan esa realidad y hacen muy difícil abordar «el inmenso problema que enfrentamos". Según Ribera, ovacionada por el Gobierno y la bancada socialista, “en los momentos de emergencia, en las situaciones de riesgo no hay margen ni ritmo para la duda, cuanto más protocolizada y conocida sea la respuesta, más eficaz será».

El presidente del Gobierno ha sido obligado a explicar por qué no decretó una situación de interés para la Seguridad Nacional, competencia exclusiva del presidente del gobierno según dispone el artículo 23 de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional.

Igualmente Marlaska ha admitido que en ningún momento se planteó aplicar el artículo 29 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, lo que le habría conferido automáticamente el mando único del que se desentendió, pese a haberlo ensayado él mismo en Aragón en abril de 2019. En aquellas fechas, el Ministerio definió a la perfección el modus operandi que había que ejecutar en situaciones reales que, cuando llegaron, se despreció.

«El ministro del Interior, que en una situación real asumiría la dirección de una «emergencia de interés nacional», cuya declaración se simuló ayer, ha destacado la importancia de estos ejercicios para fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil, ya que ofrecen una oportunidad para ensayar una respuesta coordinada y eficaz entre los distintos niveles de la Administración», rezaba la comunicación oficial de su departamento.