
55.000 firmas para parar la tala masiva de olivos centenarios en Jaén
La otra factura de la tala de olivos centenarios: miles de kilos de aceituna y litros de aceite, al garete
Las plataformas contrarias a la tala calculan que solo con los árboles que se pretenden eliminar en Lopera habrá una pérdida anual de dos millones de kilos de aceitunas y unos 400.000 litros de aceite
Las plataformas SOS Rural y Campiña Norte contra las Megaplantas Solares siguen luchando contra los proyectos que implicarán la tala de miles de olivos, muchos de ellos centenarios, en las provincias de Jaén y de Córdoba.
Los portavoces de los agricultores y propietarios afectados por la instalación de los paneles solares entregaban el pasado miércoles en la sede del Parlamento de Andalucía más de 55.000 firmas recogidas en la campaña Salvemos los olivos centenarios de Lopera de ser talados para poner placas solares.
Ambas organizaciones aprovecharon el acto para volver a denunciar «la transformación territorial del mítico mar de olivos andaluz» que «trae consigo graves consecuencias económicas y sociales».
Guerra de cifras
A pesar de que la Junta de Andalucía, en boca de su consejero de Industria y Energía, Jorge Paraleda, cifraba en 13.000 la cifra de árboles afectados por estos proyectos, SOS Rural y Campiña Norte vuelven a insistir en que el número total será muchísimo más alto, ya que el Ejecutivo autonómico, aseguran, no está incluyendo a las plantas que si bien aún no están construidas, ya han recibido la luz verde para desarrollarlas. «Quien dice que el olivar está en peligro y amenazado por la expansión de las energías renovables, se equivoca y tergiversa la situación», declaraba Paraleda.
Las plataformas rurales le contestan: «En Jaén hay planificadas 25 megaplantas solares, que ocuparían más de 4.000 hectáreas de terreno cultivado con olivar tradicional, lo que supone la eliminación de un sistema económico vinculado al olivar, a la producción de aceite de oliva y al empleo rural», ha denunciado Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, que fue recibida en sede parlamentaria por diputados del Grupo Mixto y de Por Andalucía.
Los agricultores dicen que «solo los olivos que se pretenden eliminar en Lopera» –unos 42.000 en 426 hectáreas de olivar–implican «una pérdida anual de dos millones de kilos de aceituna, de 400.000 litros de aceite y de más de tres millones de euros que sus vecinos dejarían de ingresar entre jornales y la venta de aceite de oliva», añaden, citando datos del informe elaborado por la cooperativa La Loperana.
Rafael Alcalá, portavoz de Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, abunda: «La pérdida irreversible de estos olivos centenarios supone la ruina de pueblos como Lopera, cuyos vecinos dejarán de percibir el 25 % de sus ingresos».
Transformación del territorio
Cuando una máquina elimina 30 centímetros de suelo fértil, destruye en apenas una hora lo que ha tardado la naturaleza más de 3.000 años en crear, al estimarse que la generación natural de un centímetro de suelo productivo requiere al menos 100 años, según los datos difundidos por Fundación Descubre.
«El impacto producido por la tala de olivos centenarios y posterior instalación de placas solares en esos terrenos fértiles supone una transformación radical e irreversible del territorio sin planificación, consenso ni evaluación del impacto real», denunciaba Corbalán tras la entrega de las firmas. «Estamos asistiendo a una auténtica injusticia social, económica y medioambiental, ya que la energía generada por estas plantas, además de que no se queda en la comarca ni genera empleo local, arrasa con la economía agraria, acelera la despoblación rural y debilita nuestra soberanía alimentaria», añadía Alcalá.
Los parques fotovoltaicos crecen
«Desde SOS Rural exigimos la paralización inmediata de la tala de olivos, que se establezca una moratoria sobre la expropiación de tierras agrícolas destinadas a proyectos fotovoltaicos industriales, que se promueva una revisión urgente de la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía y que se reevalúe el impacto socioeconómico y medioambiental de todos los proyectos actualmente en tramitación», sentencia Corbalán.