La octava edición del Indicador Empresarial de La Voz de Córdoba ha vuelto a cumplir con su vocación de ser una fotografía precisa, aunque a veces incómoda, del estado de ánimo de las empresas cordobesas. Más que una simple encuesta, este informe anual se ha consolidado como una radiografía de percepciones, expectativas y reivindicaciones que no solo revela datos, sino que también interpela a los responsables de las políticas económicas.
En la presentación del informe se insistió en el valor instrumental del indicador como herramienta para la toma de decisiones tanto en el ámbito privado como institucional. También se aludió, con acierto, a la necesidad de que los principios de la doctrina social de la Iglesia sirvan de referencia para la acción empresarial.
La ponencia del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, aportó una visión estratégica: sin innovación no habrá desarrollo sostenible ni empleo de calidad. Andalucía, dijo, tiene talento pero no suficientes oportunidades, por las que con claridad está apostando la Junta. Las cifras están ahí: más de 600 millones de euros movilizados en la Estrategia de Especialización Inteligente (S4), un modelo europeo alineado con los informes Draghi y Letta, que reclaman soberanía tecnológica y cohesión en torno a la innovación.
Pero donde el acto cobró su verdadera razón de ser fue durante la intervención del CEO de Concepto, Ricardo Castilla, responsable técnico del informe. Si en años anteriores preocupaba la sequía o el encarecimiento de materias primas por la guerra de Ucrania, en esta edición lo que sobresale es el malestar estructural con el marco fiscal y laboral español. Una «tasa fiscal brutal» y unos costes salariales crecientes son señalados como los principales frenos a la inversión y al emprendimiento. Y no se trata de percepciones aisladas: la mayoría de los empresarios suspende la acción del Gobierno central y, en cambio, aprueba con holgura la gestión de la Junta de Andalucía y de las administraciones locales y provinciales.
Que más del 85% de los encuestados valore negativamente el papel del Ejecutivo nacional no es un dato menor. Ni lo es que Antonio Díaz, presidente de los empresarios cordobeses, lo verbalizara con tanta claridad: «Se ha roto el diálogo social en este país y eso repercute en todos». El representante de la patronal dejó patente en su intervención un hartazgo profundo. «La fiesta la están pagando las empresas», dijo. Es difícil ser más gráfico.
No se trata, por tanto, de un lamento coyuntural, sino de una advertencia reiterada. Este indicador –con más de 6.000 respuestas analizadas y ocho años de series comparables– revela una tendencia que se mantiene: las empresas cordobesas siguen empujando la economía, pero lo hacen «a pesar de todo». A pesar de un entorno normativo cambiante, de una presión fiscal asfixiante y de un marco laboral que genera más incertidumbre que estímulo.
Córdoba –como señaló el presidente de la Diputación de Córdoba Salvador Fuentes al clausurar el acto– tiene potencial, pero necesita seguridad jurídica, colaboración público-privada y confianza. Los empresarios no piden privilegios, sino reglas claras, respaldo institucional y margen para crecer.Este informe desnuda las patologías que parte de la política rehúye afrontar. Y vuelve a dejar claro que el problema no está en el esfuerzo del tejido productivo, sino en los obstáculos que impone el Gobierno de Sánchez.
