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Pablo Bustinduy, junto a Pedro Sánchez, en su jura como Ministro

Pablo Bustinduy, junto a Pedro Sánchez y el resto del Ejecutivo, en su jura como MinistroCasa de S.M. el Rey

Más de 50 prórrogas y casi un año y medio paralizada: el desprecio del Gobierno a la «urgente» Ley de Familias

El 8 de marzo de 2024 el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley «por el procedimiento de urgencia» y dio 10 días para presentar enmiendas. Más de un año y 52 prórrogas después, la ley sigue estancada

La llamada Ley de Familias la pergeñó la entonces ministra Ione Belarra cuando era titular del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, con la oposición de la mayoría de entidades familiares de España, y terminó por presentarla a la Mesa del Congreso su sustituto al frente de la cartera, Pablo Bustinduy, no sin oposición social y «con carácter de urgencia».

De eso han pasado ya 466 días, o lo que es lo mismo, un año, tres meses y una semana. Y el Proyecto de Ley de Familias, que tenía un plazo previsto de diez días para presentar enmiendas, acumula ya 52 prórrogas sin que haya fecha prevista para su presentación a las Cortes o su aprobación en el Consejo de Ministros.

El Proyecto de Ley tampoco cuenta con una memoria económica estimada y, de hecho, prevé para algunas de sus disposiciones un plazo de financiación de más de un año tras su eventual entrada en vigor. Y eso que buena parte de sus medidas estarían vinculadas a eventuales subvenciones, ayudas económicas directas o exenciones fiscales para las familias en según qué casos.

Una Ley ideológica y sin consenso

Esta falta de previsión, así como la incapacidad para sacarla adelante, han llevado a las principales asociaciones familiares de nuestro país a criticar duramente la carga ideológica que contiene la Ley, y que sería, en rigor, su principal motivación.

Algo que queda de manifiesto en el hecho de que, de las 69 páginas que ocupa el texto del Proyecto, diez las dedica a una extensa Exposición de Motivos, con alusiones explícitas a «la diversidad de los modelos familiares» al «avance del feminismo» y al avance «de los derechos LGTBI». Elementos, todos ellos, que se presentan como las «transformaciones demográficas y sociales que se han producido en las últimas décadas» y que justifican la elaboración de la Ley.

Indignación de las asociaciones

La indignación de las asociaciones familiares contra el desprecio del Gobierno por una Ley que el propio Ejecutivo había considerado «de aplicación urgente» es cada vez mayor. Una de las más claras ha sido la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), que representa a cerca de 800.000 grandes hogares (y, por tanto, a más de 3,5 millones de ciudadanos), y que ha denunciado cómo «la ley está completamente parada y no se ha avanzado nada salvo prorrogar los plazos de enmiendas, sin ninguna explicación, y dejando en la estacada a miles de familias».

Aunque, además de la falta de apoyo político para sacar adelante el Proyecto de Ley, y de la imposibilidad de dotarla de fondos económicos por la incapacidad del Gobierno de presentar los Presupuestos Generales del Estado, desde la FEFN explican que el gran problema es que «las políticas familiares no se ven como una prioridad, y no se le da suficiente valor a las familias con hijos, que son un motor de desarrollo y la verdadera solución ante el reto demográfico».

Desprecio a las familias

Esta parálisis en la tramitación de la Ley, que la FEFN tilda de «desprecio a las familias», ha llevado a las asociaciones familiares a pedir al Gobierno que apruebe, al menos, algunas de las medidas que contempla el Proyecto de Ley, y que sí contaban con el respaldo de la sociedad civil. Entre otras, la remuneración del permiso de 8 semanas por hijo menor de 8 años, «que exige Europa y España no ha cumplido», y la prestación por hijo a cargo, «otra promesa de la anterior legislatura que no ha visto la luz y que también nos distancia de Europa».

A pesar de la imperante necesidad social que tienen las familias españolas por contar con un alivio fiscal, con un mayor peso en las políticas públicas, o un reconocimiento social acorde a su aportación al capital humano, el horizonte del Proyecto de Ley de Familias parece abocado a seguir acumulando prórroga tras prórroga y durmiendo en un cajón del ministro Bustinduy. Algo cuanto menos curioso, si se tienen en cuenta la cantidad de recursos estatales que están movilizados en los últimos meses en torno a la propia familia del presidente del Gobierno.

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