El legado de Sánchez: una agresión a la Constitución y a los españoles

La mayoría socialista del Tribunal Constitucional, nombrada y promovida por Pedro Sánchez con la única misión de legalizar sus abusos, ha dado luz verde a la Ley de Amnistía, que además de inconstitucional, injusta e inmoral; es la corrupta moneda de cambio con la que el líder del PSOE se compró los votos de Puigdemont para conservar una Presidencia que, por votos en las urnas, los españoles le habían negado.

La verdadera catadura de este engendro está perfectamente descrita en los votos en contra de los magistrados que han actuado como tales y entienden su función de custodios de la Constitución, y no de vulgar despacho de abogados de un codicioso líder político dispuesto a comerciar con los pilares del Estado para lograr objetivos políticos sin otro interés que el propio.

Si el origen de esta Ley es intolerable, pues atiende en exclusiva a un cambalache indecente entre la impunidad de unos y la investidura de otros, su legalización es una agresión frontal a la estabilidad jurídica, política, social e histórica de España.

Porque no solo amnistía a delincuentes, sino que legaliza sus objetivos para cuando crean necesario refrescarlos por las bravas, algo que ocurrirá cuando en España haya un Gobierno decente y conocedor de sus líneas rojas. Llegado ese momento, que siempre llega tal y como explica la larga trayectoria del separatismo desde el siglo XIX, el PSOE de Sánchez les habrá cargado de argumentos falsamente legítimos y habrá derribado las defensas naturales del Estado, convertido ahora en culpable de una inexistente represión.

La Ley de Amnistía está prohibida por la Constitución, que rechaza expresamente los indultos generales, una figura jurídica de inferior envergadura: si rechaza lo menor, obviamente no hace falta hacerlo con lo mayor, como cualquier jurista decente señala.

Y ése es el problema, que los magistrados socialistas no lo son y han aceptado comportarse como unos vulgares comisarios de un alocado presidente, siempre dispuesto a sacrificar un interés nacional innegociable por cubrir sus expectativas individuales más ramplonas, con un tráfico de influencias y favores que convierte a los golpistas más contumaces en propietarios, de facto, de la gobernación de España, de su rumbo y de sus prioridades.

Ni siquiera la necesaria apuesta por la convivencia justifica romper las costuras constitucionales de un país, zarandeado por un kamikaze de la política que coloniza el Estado para dar apariencia de legalidad a las componendas más peligrosas e inasumibles.

Pero es que, además, no se puede considerar que se apacigua nada cuando, lejos de contener la amnistía una renuncia a las metas de delincuentes condenados por el Tribunal Supremo, las refuerza. Y, mientras, alimenta su parque temático secesionista, con una abolición factual de la presencia de España en Cataluña, descrita por la cadena de concesiones insoportables que jalonan el destino final de un proyecto sectario, xenófobo y clasista.

Sánchez pasará, y es probable que muy pronto con ese panorama judicial, económico e internacional que le acorrala y acerca a su merecido precipicio político, pero su pesada herencia perdurará sin él, generará conflictos formidables y dejará heridas profundas en todos los ámbitos que costará restituir. Su legado estará a la altura de su trayectoria, un compendio de trampas, excesos y fraudes impropios de un presidente, pero muy coherentes con el personaje más nefasto de la historia reciente de España.