El PSOE se instala en la conspiranoia, devorado por los nervios

En la inmortal Sopa de ganso, Chico Marx, haciéndose pasar por Groucho, pregunta a una mujer que asegura estar convencida de que le acaba de ver salir de la habitación: «¿A quién va a creer usted, a mí o a sus propios ojos?». María Jesús Montero, Félix Bolaños, Pilar Alegría, Óscar López… cualquiera de ellos podría interpretar a Chico en la película que el Gobierno lleva contándonos desde que, el pasado domingo, José Luis Ábalos empezó a disparar fuego a discreción contra un desarmado Pedro Sánchez.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el PP, Vox, la máquina del fango, la fachosfera… en la última semana, los socialistas han inventado y denunciado todo un contubernio judeo-masónico para no reconocer que lo que parece, es: un chantaje del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE al presidente del Gobierno. O, al menos, una advertencia muy seria.

Ministros y dirigentes del partido que fundó Pablo Iglesias -el bueno para los socialistas, no aquel al que el presidente llama «maltratador» en sus whatsapps- vienen evocando el famoso «quien pueda hacer que haga» de José María Aznar como prueba irrefutable de que las derechas están detrás de la operación. El expresidente del Gobierno pronunció esas palabras el 2 de noviembre de 2023, en un acto del Instituto de Estudios Atlánticos y la Universidad Francisco de Vitoria. Ese mismo día, Sánchez pactó con ERC «culminar la desjudicialización a través de la aprobación de una la ley de amnistía» a cambio de su investidura.

Los socialistas evocan el 'quien pueda hacer que haga' de Aznar como prueba irrefutable de que la derecha está detrás

Si embargo, el contexto nunca parece importar a los socialistas cuando rememoran aquella cita, en la que Aznar llamaba a no resignarse ante semejante tropelía constitucional. «¿Qué se puede hacer? El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva. Cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos», fueron sus palabras exactas.

No obstante, en los últimos días nadie ha ido tan lejos en la teoría de la conspiración como el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que el miércoles denunció en sede parlamentaria la existencia de un «golde de Estado blando». Precisamente él, que pertenece a uno de los dos partidos autores del procés sedicioso del año 2017. De la casilla de la amnistía a la de la amnesia colectiva.

Luis Bárcenas ingresó en prisión preventiva -por riesgo de fuga- el 27 de junio de 2013 y El Mundo publicó los SMS con Mariano Rajoy que él mismo había filtrado al diario dos semanas después, el 14 de julio. Ábalos está en la calle y ya ha empezado su particular verbena, ante la incredulidad de la militancia socialista. Si la historia no se repite, al menos se parece. «Me he partido la cara por ti y ahora leo esto. Qué decepción más grande me he llevado, yo hubiera puesto la mano en el fuego por tu lealtad», escribía una simpatizante del PSOE a Ábalos en respuesta al mensaje que éste colgó en X el miércoles, reconociendo que autorizó al periódico la publicación de los mensajes. Si la filtración fue facilitada por una de las partes interesadas, no hay delito de revelación de secretos que investigar, mal que le pese al Ejecutivo.

No es casquería, es solomillo

Que los Chico Marx del Gobierno no sigan con la ficción: la información que posee Ábalos no es «casquería» -que diría el propio presidente-, ni tampoco son cotilleos de folletín. El que fuera hombre de confianza de Sánchez maneja información confidencial sobre las primarias que éste ganó a Susana Díaz, sobre las negociaciones para que la moción de censura de mayo de 2018 prosperara, sobre las conversaciones con Podemos para pactar el primer gobierno de coalición de la democracia, sobre el caso Delcy y sobre los contratos millonarios y rescates de la pandemia. Si nada de eso fuera importante, el exministro no habría volcado la información en dos pendrives y un disco duro externo ni habría entregado el material a Koldo García para que lo custodiara en su casa de Alicante.

En el PSOE no saben qué pretende Ábalos, ni tampoco hasta dónde está dispuesto a llegar

Las preguntas se amontonan en los círculos socialistas. ¿Qué quiere Ábalos? ¿hasta dónde está dispuesto a llegar si no lo consigue?, ¿hay forma de pararlo?, ¿qué nubarrones se ciernen sobre Santos Cerdán, ratificado como secretario de Organización del PSOE en diciembre por empeño de Sánchez? En el PSOE se sienten indefensos, en manos de alguien que lo fue todo en el partido y que ya solo guarda lealtad a sí mismo.

Este domingo, los socialistas dieron una vuelta de tuerca más a su errático guion al filtrar a El País que los máximos responsables del partido «rechazaron la semana pasada el supuesto chantaje que evitó de manera indirecta alguno de los implicados en el caso Koldo». Entre otras cosas querían, según la información facilitada al diario: que el PSOE pagara «una serie de gastos del procedimiento judicial» y que archivara un expediente disciplinario abierto por el Ministerio del Interior a un policía que trabajó para Ábalos a cambio de no enviar a la prensa esas grabaciones «capaces de tumbar a un Gobierno». Pero los más altos dirigentes del partido, siempre según la versión del periódico, «respondieron al aviso sin inmutarse». Una heroicidad, vamos.

Y mientras todo esto ocurre, el nexo corruptor, el empresario Víctor de Aldama, disfruta de unas vacaciones a todo lujo en Ibiza, isla a la que llegó la semana pasada a bordo de un jet privado. Está aprovechando al máximo su libertad condicional a la espera de juicio. Porque la vida sigue, también para el Gobierno, que esta semana ha escrito un nuevo capítulo de su Manual de ingeniería legislativa.

El ministro Félix Bolaños pretende adosar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a la esperada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; incluir la primera como una mera disposición adicional de la segunda, para tramitar dos por el precio de una en el Parlamento. Otra artimaña que en los últimos días ha pasado prácticamente inadvertida entre pájaras, petardos, estulticia y citas de Quevedo, pero que encierra una transformación de la Justicia de gran calado.

El Gobierno que más ha cuestionado al poder judicial (desde el juez Peinado al tribunal del caso de Diego Alves, pasando por los de la Sala de lo Penal del Supremo) pretende quitar a los jueces la instrucción de los procedimientos penales para dársela a la Fiscalía General del Estado, que dirige el imputado Álvaro García Ortiz. Y, además, ampliar el mandato del fiscal general de cuatro a cinco años, pensando ya en el próximo García Ortiz (al actual no le afectará porque la reforma entraría en vigor en enero de 2028, cuando teóricamente expira el mandato de éste). La jugada del Gobierno que se malician los fiscales es la siguiente: que pretenda promover a un nuevo fiscal general del Estado en los estertores de la legislatura para que el siguiente Ejecutivo tenga que comérselo. Puesto que estaría blindado. Abracadabra.