Bolaños, obligado a revelar quiénes son sus asesores secretos de alto rango en plena tormenta por Begoña Gómez

¿Quién le murmura a Félix Bolaños, a su vez el principal consejero de Pedro Sánchez y pretoriano de mayor rango? ¿Quiénes son, cuántos son y cuánto cuestan? Es todo un misterio, hasta ahora.

Y es que el número de asesores del Ministerio de Presidencia es de los secretos mejor guardados en La Moncloa.

El Gobierno se empeña una y otra vez en ocultar hasta la cifra total de personas que conforman la cohorte de ‘altos asesores’ de los que se sirve Pedro Sánchez, a los que paga un jugoso sueldo a cargo del erario, y que, además, tienen en jaque al ministro Félix Bolaños, a cuenta de la contratación de la asistente de Begoña Gómez. Sin embargo, esa opacidad tendrá que acabar, si el Ejecutivo quiere cumplir con la ley.

Así se lo ha ordenado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su resolución 2025-0762, del pasado 20 de junio, en poder de El Debate, en la que el organismo independiente encargado de velar por la transparencia de las Administraciones Públicas obligaba a al Ministerio dirigido por Félix Bolaños a facilitar el «nombre de los asesores contratados a su disposición con nivel superior a 28 (…) desde el año 2018 hasta la actualidad y retribuciones anuales brutas de cada uno de ellos desde el inicio de su contratación».

Esta orden pretende acabar con el oscurantismo que impera en el Gobierno, pues el Ministerio de Presidencia se negó a revelar un listado que debería ser de dominio público, tal y como ha señalado el CTBG, que ha dejado claro que debe prevalecer «el interés público en el acceso a la información relativa a todos los nombramientos de carácter eventual».

De esta manera, el organismo abroncaba al Gobierno, pues en la resolución previa, -remitida a este periódico el pasado 23 de mayo y firmada por Alberto Herrera Rodríguez, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática-, se desentendía de la información relativa a la propia Presidencia del Gobierno, al tiempo que únicamente remitía un enlace para consultar la relación de puestos de trabajo del ministerio (RPT).

Sin embargo, este enlace solo permite visualizar el número y el puesto de los empleados que están activos, obviando los que han pasado por el Ministerio y han sido despedidos previamente, y sin que se pueda conocer la identidad de todas estas personas que han sido contratadas a dedo por el Gobierno y cuál ha sido el salario que han percibido en todo ese tiempo.

Aun así, si se analiza dicha relación de personal, fechada en junio de 2025, el Ministerio de Presidencia tiene a su disposición, al menos, 81 asesores o vocales asesores, como se denominan en este listado, a los que habría que añadir los 10 que dependen de Casa Real, además, de los que están adscritos a la propia Presidencia del Gobierno, es decir, de Sánchez, que ascienden a 138, haciendo un total de 229.

Sin embargo, estas cifras no cuadran con el número que aparece en el recién publicado Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, elaborado por Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y que determina que el personal eventual es aquel «que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin», aunque señala que «no se incluyen en este epígrafe los datos de efectivos que ocupan puestos de esta naturaleza, pero tienen la condición de funcionario de carrera de la Administración del Estado».

Esta estadística recoge los datos de empleados públicos a fecha de enero de 2025, último dato disponible, y señala que el Gobierno acumula 948 personas contratadas de forma eventual, de las que 477 están adscritas al Ministerio de Presidencia, casi el doble de los que aparecen como ‘asesores o vocales asesores’ en el marco de la RPT.

Presidencia oculta desde hace meses el salario de la asesora de Begoña

De ahí la importancia de la resolución que obra en poder de El Debate, ya que, gracias a ella, se podrá conocer con detalle el número de personas que el Ministerio de Presidencia tiene a su servicio, y que ha tratado de ocultar por todos los medios, al igual que ha hecho en lo referente al salario de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, contratada por la esposa del presidente del Gobierno como asistente y que pone a Félix Bolaños en el punto de mira al ser el responsable último de su nombramiento.

En concreto, la directora del Departamento Jurídico de La Moncloa, Beatriz Rodríguez Pérez, en un documento de este 26 de mayo, se negaba a informar acerca del nombramiento, el salario y las funciones de Álvarez bajo la excusa de que «la información solicitada forma parte de un procedimiento judicial penal que se sustancia el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, remitida en Diligencias previas 1146/2024».

De esta manera, desobedecía la orden del CTBG que, en su resolución 0002/2025 de 3 de enero, obligaba a Moncloa a remitir a este periódico el «importe de las retribuciones abonadas desde su nombramiento hasta la actualidad, desglosando los conceptos y anualidades», además de una «copia de la documentación donde consten las funciones a desempeñar, justificación de la contratación y copia de la resolución de nombramiento como asesora».

De hecho, el obstruccionismo de Moncloa es algo que ha venido denunciando de forma reiterada este periódico pues la directora jurídica de Moncloa desobedece una y otra vez las órdenes del Consejo de Transparencia. Una desobediencia que ha sido denunciada ante Presidencia del Gobierno por este periódico el pasado 17 de junio, al señalar que tales incumplimientos traspasan «los límites del ilícito administrativo y convirtiéndose en una infracción penal, como reconoce la jurisprudencia del Tribunal Supremo», pues, además, «la reiteración en el incumplimiento, puede ser constitutivo de un delito de prevaricación».

Además, ha solicitado al presidente del Consejo de Transparencia «que inste el procedimiento sancionador establecido en la Ley contra Beatriz Rodríguez Pérez, directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno por incumplimiento de las obligaciones legales que como Alto Cargo tiene».