
Las viviendas protegidas ofrecen condiciones ventajosas a los compradores
Vivienda
¿Cuánto te puede costar una VPO en Andalucía?
En función del tipo de régimen al que esté sujeta la promoción y del coeficiente en el que se ubique el municipio en cuestión, los precios pueden variar desde los 1.696,5 euros por metro cuadrado a los 2.610 euros por metro cuadrado
El precio de la vivienda libre se dispara un 8,4 % en 2024, su mayor alza desde 2007
El acceso a una vivienda digna es un derecho y como tal, así viene recogido en el artículo 47 de la Constitución Española. Sin embargo, los precios del mercado español indican que dicho derecho consagrado en la carta magna no siempre se cumple. La escasa oferta, insuficiente para la demanda, parece obrar en el sentido contrario al deseado.
Es por ello por lo que, al menos sobre el papel, la vivienda protegida persigue contribuir a edificar una alternativa. Debido a que ciertos sectores de la población, más vulnerables a los vaivenes del sector, como jóvenes, familias monoparentales, desempleados o mayores, existe siempre un núcleo poblacional con tremendas dificultades para adquirir un techo.
En Andalucía, según su Reglamento de Viviendas Protegidas, el acceso a un inmueble de esta naturaleza puede darse tanto en régimen de alquiler como en propiedad. Pero, ¿cuánto puede costarnos una VPO en esta región?
Índice de precios
Como decíamos, para paliar esa circunstancia de que la oferta no satisfaga la demanda creciente, la Junta obliga a las grandes ciudades, allá donde la vivienda es más cara, a poseer una bolsa de suelo dirigida a la construcción de VPO.
Huelga decir que no todas las promociones de este tipo son iguales ni, por tanto, cuestan lo mismo. El precio variará en función de donde se construyan, quedando la cantidad máxima fijada en base a los coeficientes territoriales.
Andalucía divide en tres regímenes su oferta: Régimen Especial, destinada a unidades familiares cuyos ingresos anuales no superen tres veces el IPREM (Indicador Pública de Renta de Efectos Múltiples); Régimen General, para aquellas unidades que no superen 5,5 veces el Indicador Público; y finalmente, de Precio Limitado, cuando no superen siete veces dicho indicador.
A su vez, los precios del suelo marcan los coeficientes territoriales, habiendo en Andalucía dos tipos. En el primer grupo, denominado Coeficiente 1,50, el precio máximo por metro cuadrado es el siguiente: 1.957,5 euros por metro cuadrado en Régimen Especial; 2.218 euros por metro cuadrado en Régimen General; y 2.610 en Precio Limitado.
Las capitales de provincia están dentro de este coeficiente, así como sus municipios o más cercanos o demandados por una causa u otra: El Ejido, Mojácar y Roquetas en Almería; Algeciras, Chiclana, Jerez, La Línea, Los Barrios, El Puerto, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque y Tarifa en Cádiz; Alobolote, Alhendín, Almuñécar, Armilla, Atarfe, Cajar, Cenes de la Vega, Churriana de la Vega, Huetor Vega, Jun, La Zubia, Maracena, Motril, Ogíjares, Peligros, Puliana y Santa Fe en Granada; Aljaraque, Isla Cristina, Moguer, Palos de la Frontera y San Juan del Puerto en Huelva; Baeza, Cazorla, La Guardia de Jaén, Mancha Real, Mengíbar, Torredelcampo, Úbeda y Los Villares en Jaén; Alhaurín de la Torre, Antequera, Benalmádena, Cártama, Estepona, Fuengirola, Marbella, Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Vélez-Málaga en Málaga y Alcalá de Guadaíra, Bormujos, Camas, Carmona, Dos Hermanas, Écija, La Rinconada, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Morón, San Juan de Aznalfarache, Utrera, El Viso del Alcor y Tomares en Sevilla.
El resto de municipios de la comunidad se ubican en el Coeficiente 1,30, donde los precios máximos son los siguientes: 1.696,5 euros por metro cuadrado en Régimen Especial; 1.922,7 euros por metro cuadrado en Régimen General; y 2.262 euros por metro cuadrado en Precio Limitado.
Según recoge la ley, aquellas personas que formen parte de un grupo social con especiales dificultades para el acceso a la vivienda, como, jóvenes, mayores, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo, familias monoparentales, personas procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares, víctimas de la violencia de género y emigrantes retornad, tendrán preferencia.