La mina de Aznalcóllar (Sevilla), en una imagen de archivo
Sevilla
El Gobierno andaluz da luz verde a la nueva mina de Aznalcóllar tras una década de trámites
El consejero de Minas defiende que «no es una reapertura, sino un proyecto totalmente nuevo que contempla una mina subterránea y no a cielo abierto»
La Consejería de de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía ha dado luz verde al proyecto de Minera Los Frailes para el inicio de la construcción de una nueva mina en Aznalcóllar, tras una década de gestiones y 24 años después del cierre de la anterior explotación, manchada por el desastre ecológico de 1998.
El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, se ha reunido este viernes con el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, para comunicarle esta autorización, que supone la culminación de los trámites que devolverán la actividad minera al municipio sevillano.
El proyecto supondrá una inversión cercana a los 500 millones de euros y generará en torno a un millar de empleos directos, indirectos e inducidos durante la fase de construcción. Durante la fase de operación, se prevén unos 2.000 empleos.
La mina cuenta con una vida estimada de al menos 20 años, incluyendo las labores preparatorias, y dispondrá de reservas de unos 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (zinc, plomo y cobre), con una producción media anual estimada de 2,7 millones de toneladas.
Paradela ha incidido en que «no es una reapertura, sino un proyecto totalmente nuevo que contempla una mina subterránea y no a cielo abierto, y que no dispondrá de balsas de residuos». Parte de los residuos se aprovecharán como relleno en el interior de la mina y otra parte se depositará en una antigua corta minera para restauración, «una práctica que está reconocida como mejor técnica disponible por la Unión Europea».
Foto de familia con la autorización previa al inicio de la construcción de la nueva mina de Aznalcóllar
La Junta ha tramitado el proyecto «bajo la premisa de compatibilizar el desarrollo económico de la comarca con la irrenunciable protección del entorno natural», según el consejero de Minas, que también ha señalado que la empresa se compromete a realizar actuaciones de rehabilitación ambiental durante y después de la vida útil del proyecto, con un presupuesto de 42,5 millones de euros.
Además, la empresa constituirá una garantía financiera voluntaria de 20 millones de euros, que es la máxima contemplada en la legislación, por lo que se destinarán más de 60 millones a garantías de naturaleza ambiental.
Por otro lado, el proyecto aportará una solución para depurar el agua almacenada en las cortas de la antigua explotación, «aplicando las mejores tecnologías disponibles». Paradela ha resaltado que «más del 80 % del agua que se utilice para el tratamiento del mineral se va a recircular en el propio proceso».
Sin actividad desde 2001
La mina de Aznalcóllar se encuentra sin actividad desde 2001. Su historia está marcada por uno de los mayores desastres ambientales de Europa, ocurrido en 1998, cuando era explotada por la empresa sueca Boliden. Este accidente dejó una huella profunda en la región y condicionó durante años la percepción pública y ambiental sobre cualquier posible reapertura o actividad futura en la zona.
En 2013, el Gobierno andaluz, bajo la presidencia socialista de José Antonio Griñán, y con Susana Díaz, su sucesora, como consejera de la Presidencia, decidió relanzar la actividad minera y sacó a concurso público los derechos de explotación del yacimiento para reactivar la extracción de mineral.
El consorcio Minera Los Frailes resultó ganador en un procedimiento plagado de supuestas irregularidades que se encuentran judicializadas. Aun así, la tramitación administrativa del proyecto ha seguido su curso porque el actual Gobierno andaluz, presidido por el popular Juanma Moreno, considera que es «independiente y diferente» a la vía judicial en curso, y para evitar que se retrase un proyecto que conllevará importantes beneficios para el desarrollo económico de la comarca.
Así, tras una década de trabajo y trámites, la empresa obtuvo en otoño de 2023 el dictamen ambiental favorable para reabrir la mina, y posteriormente, en junio de 2024, la Autorización Ambiental Unificada (AUU), un paso clave que permite el vertido controlado de las aguas tratadas, el principal punto de crítica de los colectivos ecologistas durante todo el proceso.
Rechazo ecologista
No se ha hecho esperar mucho la reacción de estos colectivos ecologistas a la noticia. Ecologistas en Acción ha tachado la decisión de «irresponsable, temeraria y contraria al interés general de la ciudadanía andaluza», avisando de que el consejero de Minas, Jorge Paradela, «no se ajusta a la realidad cuando asegura que el proyecto de reapertura no dispondrá de ninguna balsa de residuos».
Por su parte, SEO/BirdLife ha denunciado que el Consejo de Participación de Doñana no ha sido informado del proyecto respecto al cual «se ignoran los efectos acumulativos de vertidos anteriores y las recomendaciones científicas basadas en el principio de precaución».
Según los ecologistas, «el proyecto pretende depositar durante los 17 años previstos de operación millones de toneladas de nuevos lodos tóxicos mineros, concretamente el 50 por ciento de los residuos del proceso de tratamiento del mineral, en la antigua Corta de Aznalcóllar, donde actualmente ya están depositadas millones de toneladas de lodos procedentes de la rotura de la balsa de 1998».
