La exigencia de catalán para obtener el permiso de residencia desviará a miles de inmigrantes al resto de España

Cataluña y Madrid, con un 23,8% de población inmigrante, son las dos comunidades con mayor presencia de migrantes entre las regiones peninsulares. El Servicio Jesuita a Migrantes señala que, entre 2021 y 2024, el número de inmigrantes en España ha aumentado de 7,8 millones a 9,3 millones de personas. Solo en 2023, llegaron a España 612.000 personas.

Cataluña cuenta con 1,9 millones de inmigrantes, de los cuales 1,5 millones tienen algún tipo de permiso de residencia. En 2023, la comunidad recibió a 132.000 personas. Con estas cifras en la mano, la exigencia de Junts de acreditar conocimientos de catalán para obtener el permiso de residencia no solo supondrá una forma de continuar con el proceso de marginación del español en Cataluña, sino que también generará un problema para el resto de comunidades autónomas.

Jordi Turull, secretario general de Junts, afirmó: «El catalán debe ser un requisito. Una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Holanda dice que el conocimiento de las lenguas propias del territorio donde se vive puede y debe ser un requisito para los permisos de residencia. Si conocer el castellano en Zamora es un requisito para obtener los diferentes permisos, conocer el catalán en Cataluña también lo debe ser, porque es la lengua propia de Cataluña».

Es evidente que el conocimiento del catalán previo a la llegada a Cataluña se convertirá en una barrera infranqueable para la mayoría de migrantes. Ante esta situación, la opción más lógica para quienes llegan a España con la intención de establecerse o utilizar el país como vía de paso hacia otros destinos de la UE será evitar el aeropuerto de Barcelona y dirigirse a cualquier otro punto del territorio nacional.

El nuevo recorrido para obtener arraigo en España consistirá en empadronarse en cualquier comunidad autónoma donde no se exija el conocimiento del catalán, es decir, en cualquiera de las otras 16 regiones. Una vez obtenida la documentación de residencia, nadie podrá impedir su traslado a Cataluña, pero mientras tanto, la presión migratoria sobre el resto del país aumentará considerablemente.

El Gobierno y Junts interpretan de manera distinta el alcance del acuerdo sobre inmigración. Según Junts, la creación de la ventanilla única prevista en el proyecto de ley garantizará que sea la Generalitat quien decida a quién otorga el permiso de residencia. Además, desde la formación independentista han dejado claro que el conocimiento del catalán será un requisito para asentarse en Cataluña.

Por su parte, Félix Bolaños, durante una visita a Barcelona, y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sostienen lo contrario, asegurando que la delegación de competencias se hará dentro del marco legal nacional. Sin embargo, este argumento parece poco creíble, ya que, una vez transferida o delegada la competencia, el Parlamento catalán podrá legislar sobre la materia. Con el respaldo de PSC, Junts, ERC, Comuns, Aliança y la CUP, hay una mayoría amplia para imponer el catalán como requisito.

Mientras tanto, desde Podemos se ha solicitado la regularización de medio millón de inmigrantes en situación irregular en España como condición para apoyar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts. Esta demanda pone de manifiesto el problema al que se enfrentarán las comunidades autónomas tras la nueva cesión de Sánchez a los independentistas.

Si se aplica la actual estadística de distribución de inmigrantes por comunidades autónomas, para que Cataluña acogiera el 23 % de esta población regularizada debería ofrecer cursos de catalán a más de 100.000 personas, algo prácticamente inviable. Como resultado, si este medio millón de inmigrantes fuera regularizado, tal como propone el partido de Ione Belarra, acabarían repartidos por toda la geografía nacional, excepto Cataluña.