Vox presenta en el Parlament una propuesta para que se prohíba el velo islámico en todos los espacios públicos

El grupo parlamentario de Vox ha registrado una propuesta de resolución en el Parlament «contra el uso del velo islámico en espacios públicos». En el texto se pide que se declare esta prenda, así como «cualquier otro atuendo o vestimenta islámica» como contraria a los «derechos fundamentales de las mujeres», además de ser «incompatible con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres».

Y, en esta línea, se insta a promover su «prohibición» en «todos» los edificios y espacios públicos, ya sean abiertos y cerrados. Y se incluye, de este modo, a escuelas, universidades, hospitales, instalaciones deportivas y parques infantiles. En otro de los puntos se contempla endurecer las sanciones dirigidas a «castigar las prácticas islámicas que atentan contra los derechos fundamentales» de las mujeres que sean «incompatibles» con nuestra cultura.

Y ello implicará que se suspenda la solicitud y los trámites de obtención de la nacionalidad para aquellos que obliguen «de forma opresiva a cualquier mujer o niña a vestir cualquier atuendo o vestimenta islámica», como sería el caso del burka o del niqab.

En esta propuesta de resolución también se pide que se garantice la «igualdad» entre hombres y mujeres, «la integración cultural», así como el «respeto» por las tradiciones y los valores propios de España, «garantizando la adaptación plena de, todas las personas a los modos de vida propiamente nacionales».

Servicios sociales e inseguridad

En la exposición de motivos se explica que la política de «puertas abiertas» a la inmigración que se ha promovido en España y también en Bruselas «se ha traducido en un incremento exponencial de la criminalidad, la pérdida de identidad de nuestros barrios y la degradación de nuestros servicios, públicos, resultando que el multiculturalismo se traduce en multiconflictividad en nuestros barrios y pueblos».

En este sentido, la formación recuerda que ya hay municipios en los que el porcentaje de extranjeros supera al de nacionales. En concreto, se trata de 30 poblaciones. Más allá de las cifras, Vox asegura que la inmigración ilegal ha comportado problemas de seguridad por ese «efecto llamada» y también problemas de acceso a los servicios sociales.

Pero también denuncia la creciente «islamización» de España, hecho que se ha «convertido en una grave amenaza para la pervivencia de nuestra identidad, nuestra cultura y el respeto a nuestro sistema jurídico y social». De hecho, denuncian que la permisividad de las diferentes administraciones, no solo la estatal, sino también la autonómica y la municipal, ha permitido durante años «la proliferación de sociedades paralelas y contra comunidades en las que no rigen nuestras normas».

Para Vox, resulta paradójico que aquellos que «se autoproclaman defensores de las mujeres en Europa» sean los mismos que permiten la llegada de culturas «incompatibles con los derechos de las mujeres y que las denigran por el mero hecho de serlo». Y para defender esta afirmación, se aporta una serie de datos: el 91% de las agresiones sexuales en Cataluña fueron cometidas por extranjeros, pese a que los mismos representan el 17% de la población total de esta comunidad autónoma.

También se pide en el texto que sean expulsados los inmigrantes que lleguen de forma ilegal a España, así como los que haya cometido «delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida, así como todo inmigrante, legal o ilegal, que decida no integrarse en nuestra cultura y costumbres».

Por lo demás, recuerdan desde Vox que, en España, aquellos partidos que «blanquean y fomentan activamente la islamización de nuestros barrios», no hace tanto apoyan y promovían iniciativas para «limitar los evidentes atropellos a los derechos y libertades de las mujeres propios del islamismo fundamentalista».

Se refiere la formación a que en algunos ayuntamientos de Cataluña, como Lérida, Tarragona, Reus o Barcelona, o incluso en el propio Parlament, socialistas y separatistas han apoyado textos en los que se instaba a la prohibición del burka y el niqab en edificios e instalaciones públicas.