La Diputación de Castellón insiste al Gobierno de Sánchez en una financiación más justa para los municipios

La Diputación de Castellón ha celebrado hoy el pleno ordinario correspondiente al mes de mayo, donde los temas protagonistas han variado desde el Hospital Provincial hasta los concejales trásfugas de Vox, pasando por la aprobación de la moción impulsada por el Gobierno Provincial para instar al Gobierno de España a adoptar medidas que permitan a los gobiernos locales recibir las entregas a cuenta actualizadas por su participación en los tributos del Estado.

A través de esta moción, que ha contado con los votos en contra del PSOE y Compromís, la institución provincial recuerda que Castellón se ha convertido en una de las provincias donde más ha crecido la recaudación fiscal en los dos últimos años. Sin embargo, este incremento de recursos no se ha visto reflejado en la financiación local y el Gobierno ha disminuido la financiación a los ayuntamientos a través de las entregas a cuenta de la PIE con respecto a 2024.

Como se relata en la moción, el Gobierno de España actualmente debe 221 millones de euros a los municipios castellonenses y, de ese dinero que se adeuda, en el caso de la Diputación son más de 105 millones de euros los que se están perdiendo desde el 2023 hasta abril del 2025.

En ese sentido, se instará al Ejecutivo de Sánchez a incrementar la participación en los ingresos del Estado (PIE) para las entidades locales de Castellón en la misma proporción que ha crecido la recaudación del Estado en la provincia, además de instar a realizar el pago de las cantidades adeudadas a las entidades locales de la provincia de Castellón. Desde la institución provincial reiteran la solicitud de reunión de la presidenta Marta Barrachina con la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar esta problemática.

Cambiar el nuevo registro de viajeros

Por otro lado, el pleno ordinario ha aprobado una moción para exigir al Gobierno central una modificación de la regulación del nuevo Registro de Viajeros. Así, a través de la moción, que ha sido aprobada por el Gobierno Provincial, Compromís y Vox, y el voto en contra del PSOE, se instará al Gobierno de España a abrir un proceso de diálogo con el sector turístico para cambiar el nuevo registro, que afecta en el hospedaje y el alquiler de vehículos a motor. Como ha expresado el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, «la moción está redactada conjuntamente con el sector para que se reflejen sus demandas».

Moción contra los concejales trásfugas

Otro de los temas más debatidos ha sido la moción contra el transfuguismo, presentada por Compromís y respaldada tanto por PSOE como por Vox, pero que no ha salido adelante debido a la negativa del Partido Popular. El diputado provincial de Vox, Luciano Ferrer, ha instado al PP a cumplir con el Pacto Antitransfuguismo tras el último caso ocurrido en Almazora, donde dos concejales se han marchado al grupo de No Adscritos para continuar en el Gobierno con la connivencia del PP.

Ferrer ha recordado con firmeza que «el transfuguismo es una forma de corrupción política, una estafa a los votantes y una auténtica traición a quienes depositaron su voto confiando en unas siglas y en una ideología y que ven ahora secuestrada su representación por unos intereses personales para mantener una silla y un sueldo».

Además, el diputado de Vox ha advertido que mientras el acta de concejal siga siendo personal, será muy difícil garantizar el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo, por lo que reivindica «la necesidad de una reforma de la Ley Electoral» que impida estas prácticas. «El transfuguismo es corrupción. El PP de Feijóo lo está alimentando para mantener cuotas de poder. Y Vox no lo va a tolerar», ha sentenciado Ferrer, haciendo referencia a las palabras del líder nacional de la agrupación, Santiago Abascal.