Ayuso redobla esfuerzos contra la okupación que afecta a más de 9.000 viviendas en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rubricado este lunes un protocolo de actuación con los colegios de abogados y procuradores para facilitar a víctimas de la okupación de viviendas -unas 9.000 en la región, según las estimaciones del Gobierno autonómico-, asesoramiento jurídico gratuito de letrados.

Una acción que se enmarca dentro de la estrategia desplegada por el Ejecutivo madrileño para luchar contra esta lacra, en la que también se incluye un nuevo servicio especializado sobre ocupación a través del 012 de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid para atender estas demandas, complementario al ya operativo del 112 y que desde su puesta en marcha en 2022 ha recibido más de 4.000 llamadas, de las cuales 246 corresponden a ciudadanos que han alertado sobre este delito en su propiedad, habiéndose podido evitar o proceder al desalojo de su vivienda en 44 ocasiones.

Volviendo al protocolo firmado hoy en la Real Casa de Correos, que también han firmado los decanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón; de Alcalá de Henares, Ángel Llamas, y de Madrid, Alberto García, afectados por okupación tendrán también representación procesal de procuradores en los tribunales y atención psicológica en la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD).

La jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado la necesidad de modificar todas aquellas leyes que impiden a los jueces la expulsión inmediata de los okupas, devolviéndoles la posibilidad de actuar con carácter urgente en los procedimientos. «Son síntomas de males profundos, pero no son males de España, de la sociedad española, ni de nuestra Constitución, que son buenas y están sanas. Son males de quienes quieren desde el poder y las administraciones no hacer lo que se debe, con rigor jurídico y respeto por la verdad», ha enfatizado.

Díaz Ayuso ha alertado de que, detrás de cada denuncia, hay personas, propietarios que pierden sus casas, vecinos que ven alterada la convivencia y barrios enteros deteriorados. «Muchas de esas viviendas finalmente dan cobijo a otros negocios igualmente legales o ilegales, como puede ser la trata de seres humanos o narcopisos», ha añadido.

En este sentido, ha constatado que el Gobierno madrileño va a poner a disposición de los afectados todas las medidas y las herramientas a su disposición para estar a su lado, ayudarles a recuperar sus viviendas y evitar que este mal vaya a más. «Porque esto va de delitos, pero también va de derechos fundamentales», ha manifestado.