El registro de alquileres pone en jaque las vacaciones: acabará con el 70 % de la oferta de vivienda turística

El próximo 1 de julio de 2025 empezará a funcionar en España el registro único de alquileres de corta duración, con el que el Gobierno pretende tapar el agujero que ha traído consigo la Ley de Vivienda, y que ha supuesto un éxodo de propietarios del mercado del alquiler tradicional al de temporada, incrementando así el precio de los pisos de alquiler y dificultando el acceso a la vivienda.

Pero esta medida no solucionará el problema existente, y es que según ha advertido la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) con ella se dejará fuera al 70 % de la oferta actual y provocará unas pérdidas de 13.737 millones de euros para la economía entre julio y diciembre.

«Las familias que hayan reservado un apartamento o vivienda de uso turístico para disfrutar sus vacaciones es probable que se queden sin su alojamiento ya que gran parte de la oferta legal no está pudiendo ser inscrita en el sistema de la Ventanilla Única Digital y va a desaparecer de las plataformas», explica su presidenta, Silvia Blasco, en un comunicado.

Para Fevitur, este sistema invade las competencias de turismo que están delegadas en las comunidades autónomas y en las que disponen de sus propios registros turísticos, denunciando que, lejos de complementar estas herramientas y mejorar los procesos actuales, se percibe como «un instrumento centralizador que duplica estructuras ya existentes y añade complejidad innecesaria al sistema».

Además, existe una «arbitrariedad y falta de uniformidad» con la que distintos registros de la propiedad están aplicando los criterios para la inscripción de vivienda de uso turístico, «ya debidamente registradas en los autonómicos». Se están dando situaciones dispares en cada territorio, llegando incluso a exigir trámites suplementarios o negando inscripciones sin justificación suficiente.

En esta línea, la entidad considera que el nuevo sistema generará un aumento de la economía sumergida y el repunte de más viviendas ilegales. Así las perdidas estimadas abarcan los 8.570 millones de euros para la economía española en los meses de julio, agosto y septiembre, y de 5.167 millones más en octubre, noviembre y diciembre.