Montero oculta qué hizo para atender la dana cuando estuvo al frente por el viaje de Sánchez con Begoña a la India

Hasta tres ministros, además del presidente del Gobierno y su Delegada en la Comunidad Valenciana rechazaron asumir sus competencias ante la tragedia de la dana, según se deduce de su negativa o incapacidad para justificar por qué despreciaron activar la Ley de Seguridad Nacional, clave para actuar desde el Estado con todos los recursos y coordinación que requieren situaciones como las «catástrofes climáticas», incluidas por Pedro Sánchez de manera específica en su Estrategia de Seguridad Nacional.

Y todo ellos se han negado a explicar por qué actuaron de esa manera y qué les llevó a cargarle el problema en exclusiva a la Comunidad Valenciana, que tampoco fue nunca capaz de exigir que se pusiera en marcha el mecanismo previsto por la legislación para coordinar a todas las Administraciones Públicas bajo un mando único nacional capaz de convertir las alertas en instrucciones ejecutivas y, a continuación, adoptar decisiones que sin duda hubieran paliado los formidables daños humanos.

Al propio Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Teresa Ribera y Pilar Bernabé se le suma ahora la vicepresidenta Montero, que tuvo las facultades máximas para activar el protocolo de seguridad en ausencia del presidente del Gobierno, de viaje a La India con su esposa, Begoña Gómez, desde donde tampoco quiso dar las órdenes derivadas de tener el mando, obligatoriamente, en estas circunstancias.

La también ministra de Hacienda no solo no hizo nada, sino que se niega ahora a explicar su abandono y, en un documento oficial de su propio departamento, considera que carece de interés público conocer cuál fue su papel en las horas decisivas.

La dejación de funciones del Gobierno durante la dana del pasado 29 de octubre, en la que fallecieron 235 personas y que arrasó parte de la provincia de Valencia afectando a otras cuatro Comunidades Autónomas, no se explica solo en la inacción de Sánchez o de Marlaska, ya desveladas por este periódico.

El Debate revela ahora un nuevo documento del pasado 27 de enero de la vicepresidencia primera del Gobierno, ocupada por María Jesús Montero, también ministra de Hacienda y del que esta no sale bien parada. La vicepresidenta y candidata del PSOE a las próximas elecciones andaluzas se hallaba a la cabeza del Ejecutivo ante la ausencia del presidente Sánchez.

Este documento público firmado por Carlos Moreno Medina, director de gabinete de María Jesús Montero, está fechado días antes de que el Ministerio de Transición Ecológica hiciera público los 267 avisos emitidos y distribuidos entre los días 28 y 31 de octubre desmintiendo a la propia delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, quien afirmó haberse enterado de la catástrofe por la alcaldesa de Paiporta.

La información publicada por este periódico puso de manifiesto que a pesar de los avisos, ninguna autoridad se planteó siquiera instar la declaración de emergencia de interés nacional conforme, al artículo 29 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.

Era presidenta en funciones

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero era la presidenta en funciones mientras Sánchez estaba en La India firmando acuerdos, hablando de sequía y desfilando por las calles de la ciudad. Era ella quien estaba al mando, ausente Sánchez, tal y como regula la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno en su artículo 13 y, por tanto, se encontraba facultada para invocar la Ley de Seguridad Nacional y decretar la emergencia, incluso antes de la tragedia, ya que las previsiones meteorológicas alertaban desde días antes de lo que se avecinaba. Y todo ello con independencia de que el propio Sánchez pudiera en cualquier momento haber activado los mecanismos legalmente estipulados.

La investigación llevada a cabo por El Debate ha logrado que Sánchez se vea forzado a rendir cuentas sobre la gestión de la dana que hasta ahora ha negado en sede parlamentaria y, según las fuentes jurídicas personadas en los procedimientos entablados contra el Gobierno en defensa del derecho a informar de este periódico, con el aval jurídico del Consejo de Transparencia, a pesar del obstruccionismo permanente de Moncloa y su total opacidad, Sánchez será llevado a los tribunales si persiste en su desobediencia.

La catarata de resoluciones legales desmonta el relato de que el Gobierno era ajeno a la gestión de la Dana

Marlaska sí ha admitido no haber recibido instrucción alguna de Sánchez estando este fuera de España, pero se puso de perfil ante la tragedia ocurrida negándose a declarar la emergencia de interés nacional que le hubiera concedido el mando de manera automática, dejando todo en manos de las Comunidades Autónomas arrasadas por la gota fría.

Tal y como preguntó este diario, «ante la evidencia de la falta de eficacia de las medidas inicialmente adoptadas, careciendo la población de avisos adecuados (…) y encontrándose el presidente del Gobierno fuera de España», Montero es una de las responsables de rendir cuentas acerca de «los avisos recibidos y procedencia de los mismos, el día 29 de octubre, comunicando la preocupante situación que se avecinaba y el previsible desbordamiento de barrancos y ríos y el peligro para la población y las medidas inmediatas que adoptó al conocer tales informaciones».

Sin embargo, la vicepresidenta ha considerado que aclarar si estaba al tanto o no de lo que se avecinaba y las decisiones y órdenes impartidas que presuntamente adoptó ante la ausencia de Sánchez no es algo que sea de interés público, aunque hayan fallecido más de 200 personas y los daños causados por las riadas sean incalculables.

En este cerrojazo informativo impuesto desde el despacho de la vicepresidenta se recoge un importante matiz para entender cómo el Gobierno prefirió dejar la gestión de la crisis en manos del Gobierno valenciano, pues asegura que «tampoco se elaboraron informes preceptivos», para tomar medidas que dieran luz verde a Montero para ordenar a Marlaska declarar la emergencia nacional y que fuera el Gobierno de España quien tomara las riendas de la gestión de la tragedia.

Torres también deberá explicarse

La renuncia en cadena al ejercicio de las competencias legales del presidente del gobierno, según recoge la Constitución Española en su artículo 1491.4ª y 29ª; la Ley 36/2015 de 28 de septiembre de Seguridad Nacional y el Real Decreto 1150/2021 de 28 de diciembre por el que Pedro Sánchez aprobaba su Estrategia de Seguridad Nacional de 2021; la decisión voluntaria de Marlaska para no aplicar la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil librándose así de la dirección nacional de la catástrofe, según dispone la ley estatal que es de obligado cumplimiento para esta clase de supuestos, según aseguran las fuentes jurídicas consultadas por este periódico, ha situado a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, en el centro de la polémica.

Al depender de él los delegados del Gobierno tras inhibirse Marlaska con un comportamiento antagónico al asumido durante el reciente apagón, ha sido el ministro el que ha tenido que explicar qué medidas adoptó, después de que la resolución 2025-446 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, emitida este 22 de abril amparase de nuevo la investigación que está llevando a cabo El Debate, y las instrucciones impartidas a los delegados del Gobierno de las Comunidades ante «el inminente peligro para la población de las zonas afectadas por la DANA» a causa del desbordamiento de los «barrancos y ríos en las Comunidades de Valencia y Castilla-La Mancha».

Todo ello, a pesar de que Torres, como Bolaños, Puente y Morant, ha seguido la línea marcada por Sánchez y Montero, negándose a hacer públicos los informes y las comunicaciones mantenidas con las diversas autoridades desde el comienzo de la trágica DANA por carecer de relevancia informativa.

Sin embargo, el ministro, obligado tras la resolución que amparaba al investigación de este periódico, ha dictado una resolución de 7 de mayo en la que se ha limitado a hacer un relato de las visitas y reuniones a las que acudió después de la tragedia y durante la fase de la reconstrucción, como las «ocho visitas a las zonas afectadas», la «asistencia a las reuniones del CECOPI», o la «creación de un Comisionado Especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la DANA y puesta en marcha de un grupo de expertos para apoyar en esta labor», sin explicar qué hizo y cómo gestionó las horas más críticas. De las instrucciones dadas a sus subordinados los delegados del gobierno, ni rastro.

Como con el gran apagón

La cadena de omisiones del Gobierno, que se ha parapetado en los evidentes errores de la Generalitat Valenciana en su propio ámbito de actuación, encuentra un hilo conductor con su gestión del reciente apagón, otro caso flagrante de aplicación de la Ley de Seguridad Nacional que también se desechó.

En este caso, Sánchez tampoco impulsó un decreto para activarla, aunque convocó al Consejo de Seguridad Nacional, convocó al Rey para presidirlo y jugó con la posibilidad de que las Comunidades Autónomas le pidieran la activación del nivel 3 de emergencia, algo que el Gobierno puede y deba hacer sin que nadie lo reclame.

De cómo ha jugado el presidente con la ley y las delicadas circunstancias dan cuenta sus decisiones y omisiones según el capricho del momento, simulando en todo momento que estaba a disposición de las Comunidades cuando la Ley impone justo lo contrario: que sean ellas quienes se pongan bajo el mando de la Moncloa, para lo cual solo hace falta un decreto que declare la «situación de interés nacional» y coordine todos los recursos del Estado con la mayor rapidez y eficacia.